SANTIAGO (AP) — Ochenta de los 113 internos de una cárcel chilena que sólo alberga a violadores de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1990) está contagiado de COVID-19 y a la fecha han fallecido dos.

Beatriz de Gregorio, jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, la policía de prisiones, descartó una falla en los protocolos sanitarios y dijo que el virus llegó hace un mes al penal a través de un contagiado asintomático que visitó a un interno en el penal, distante 40 kilómetros al norte de Santiago.

“Desde el primer momento que se sospechó (el contagio), se manejó según el protocolo de la variante Delta por el elevado número de casos”, añadió la funcionaria. Los internos, que habían completado su proceso de vacunación, están aislados, sin recibir visitas y son monitoreados por personal de salud.

The Associated Press consultó a Gendarmería que, de momento, no ha respondido.

Todos los reos de Punta Peuco están condenados por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, fallecido en 2006 sin haber sido procesado por los crímenes de su régimen. Promedian los 75 años y muchos tienen enfermedades de base.

La dictadura asesinó a más de 3.000 personas, de las cuales cerca de un millar siguen en calidad de detenidos desaparecidos y más de 28.000 víctimas de prisión política y tortura, según dos informes oficiales.

Gendarmería informó que el último fin de semana murieron un exoficial del ejército y el civil Miguel Estay Reino, quien fue un destacado militante del Partido Comunista que tras ser detenido por los aparatos represivos de la dictadura, se convirtió en delator y asesino. Cumplía una condena a presidio perpetuo por su participación activa en el degollamiento de tres de sus excamaradas, en 1985. Durante el brote de 2020 falleció otro reo.

Una agrupación de generales y almirantes retirados anunció esta semana la presentación de una querella contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín, al que acusa de “actuar deshumanizado y negligente” en el marco de la pandemia. Afirma que los reos fueron “marginados de la aplicación de una medida de salud pública… sobre indulto conmutativo con motivo del COVID-19”.

El primer caso de variante Delta en Chile se constató a fines de junio y dos meses y medio después los infectados eran 720, de los cuales el 58% se contagiaron por transmisión comunitaria, según cifras oficiales.

El país sudamericano, que vacunará al menos a 15,2 de los 19 millones de chilenos, ya inmunizó con una dosis al 90% de la población y el 86% completó la vacunación. La próxima semana se iniciará la inoculación de los menores de seis a 11 años que tengan comorbilidades, antes de seguir con los niños y niñas sanos.