El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la OEA, Mauricio José Díaz Dávila, de 70 años, fue detenido ayer lunes con violencia tras salir de una cita en el Ministerio Público, denunció la organización opositora a la que pertenece.

Díaz era interrogado por la Fiscalía como parte de las investigaciones que las autoridades realizan desde mayo pasado en contra de varios opositores y periodistas críticos al gobierno encabezado por Daniel Ortega.

Entre los detenidos se cuentan siete aspirantes a la presidencia que son acusados en su mayoría por traición a la patria.

La redada partió el pasado 2 de junio con la detención, bajo arresto domiciliario, de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como potencial rival de Ortega, que a sus 75 años fue nominado hace una semana para intentar un cuarto mandato consecutivo.

Según sus opositores, el presidente obtendría fácilmente el triunfo tras la detención de la mayoría de sus rivales y luego de que el tribunal electoral, en manos del oficialismo, dejara fuera de la contienda a CxL, la única tienda política opositora con apoyo popular que había conseguido inscribir candidatos.

Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018. Para el sandinismo, los opositores detenidos son «mercenarios» apoyados por Washington para tratar de derrocar a Ortega.

Detención ilegal sin evidencias

Díaz, miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue interceptado por patrullas con policías cuando se dirigía a bordo de su vehículo hacia su domicilio, según denunció su colectivo. «Fue interceptado y capturado por la Policía, tras golpear a su hijo y abogado que lo acompañaban. Se lo llevaron con rumbo desconocido«, indicó CxL.

La Policía Nacional confirmó que aprehendió a Díaz, «quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

También por «proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».

La Policía, que no ofreció ninguna evidencia, indicó que basa su investigación contra Díaz citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los «traidores a la patria» y los inhabilita a optar a cargos públicos.

Díaz, también exembajador de Nicaragua ante la OEA, se desempeñaba en los últimos tiempos como vocal del derechista CxL, que el viernes pasado fue ilegalizado y excluido de los comicios del 7 de noviembre.