El escándalo de la Candidatura Presidencial de la Lista del Pueblo marcó un peldaño más en el descenso hacia un peligroso camino de pérdida de respeto a las Instituciones.

El pasmo ante el desparpajo de presentar decenas de miles de firmas falsificadas, presentadas ante una Notaría cerrada y un Notario muerto, es seguido por la expectación de la revisión de las listas de patrocinios generados por los Constituyentes del mismo conglomerado político, muchas de las cuales se rumorea habrían sido visadas en la misma Notaria. Con los días sabremos la veracidad o no de esa afirmación. Como sea, esta situación, unida a la decisión de la Fiscalía de no perseverar en los procesos relacionados con financiamiento ilegal de la política ante la ausencia de querellas desde el Servicio de Impuestos Internos, o la confusa entrevista presentada por el Fiscal Nacional, que después es insólitamente apoyada por una declaración de los Fiscales Regionales, con tinte a juramento de lealtad feudal, nos lleva a un escenario complejo, donde cada día es más difícil determinar si las normas se respetan porque representan el consenso social sobre lo correcto, o simplemente porque están ahí y, de ser descubierto su incumplimiento, puede acarrear una sanción.

Una situación así acarrea una compleja situación cuando Chile se encuentra en medio de un proceso de elaboración de un texto constitucional, que debe de ser propuesto para su ratificación o rechazo social.

¿Qué sentido tiene generar una Constitución cuando todo indica que no será respetada, cuando parece creerse que, como en el tango, “el que no afana es gil”?.

Esto se vuelve aún más grave cuando, casi a diario, los constituyentes parecen empeñarse en violar sus propias normas operativas, y que incluso los mayores debates que se han generado en torno a su funcionamiento están precisamente en relación a la violación de sus propias normas.

En un escenario así, es crítico recuperar el sentido cívico y el valor de la norma. Esto tiene, obviamente, un fuerte componente de aplicación coercitiva. La Ley tiene que aplicarse de forma pareja, clara y para todos. Pero también tiene una muy compleja correlación con la educación cívica, tanto el retorno de esta disciplina a las salas de clases como el ejemplo y comportamiento ciudadano. Si la misma ciudadanía no está dispuesta a comportarse de forma civilizada, pues estamos volviendo a la condición que Hobbes señalaba en El Leviatán como el “Estado de Naturaleza”, donde ninguna norma prima salvo la violencia.

En Chile hemos transitado ese camino, y sabemos lo que pasa entonces. No es el momento para los “vivos”, sino para los Ciudadanos que construyen República, ya sea en la Convención Constituyente, en el Congreso o simplemente en la vida diaria.

Fernando Wilson L.

Dr. en Historia

Profesor, Facultad de Artes Liberales

Universidad Adolfo Ibáñez