«Cumpliremos las disposiciones del estado de emergencia para agosto de 2023», declaró el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, durante una alocución televisada.
El jefe militar, explicó que la Constitución limita la duración del estado de emergencia y permite dos extensiones de seis meses cuando resulta imposible cumplir con los objetivos de aquel.
«Tenemos que hacer las cosas que se deben hacer. Luego, tomaremos seis meses antes de agosto de 2023 para prepararnos para las elecciones de acuerdo con la ley», dijo Min Aung Hlaing.
En los primeros días que siguieron al golpe, los militares prometieron organizar nuevos comicios y traspasar el poder al partido ganador después de investigado el supuesto fraude electoral y cumplidos los objetivos del estado de emergencia, declarado por un año en un principio.
Este domingo se supo también que Min Aung Hlaing asumirá el cargo de primer ministro en un Gobierno provisional.
El pasado lunes, casi seis meses después del golpe militar, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales del 8 de noviembre pasado que dieron la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi. Esta decisión, que alegaba unos 11 millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, allana el camino para la disolución de la LND, posibilidad que el gobierno militar mencionó en más de una ocasión en los últimos meses.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia por un año y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
Los altos mandos del ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 940 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania entre el 1 de febrero y el 31 de julio. De las 6.994 personas arrestadas en este período, 5.444 siguen detenidas. (Sputnik)
