En medio de la polémica que envuelve al proceso de licitación para la cédula de identidad y pasaporte por parte del Registro Civil e Identificación, el Tribunal de Contratación Pública acogió a trámite las acciones de impugnación deducidas por Sonda S.A. e Idemia Identity & Security Chile en contra de la entidad pública, las cuales que aducen infracción a la Ley 19.886 en el mencionado proceso de licitación, cuya adjudicación se encuentra pendiente.
La empresa china Aisino ha sido sindicada como la favorita para adjudicarse la licitación, en medio de acusaciones de irregularidades en la licitación -calificada como amañada para favorecer a la empresa asiática– y de amenaza a la privacidad de los datos de los chilenos, todo lo cual ha llevado incluso a sesiones especiales en el Congreso.
En este contexto, tanto la chilena Sonda como la francesa Idemia, competidoras en el proceso, alegan que la Comisión Evaluadora habría actuado en forma ilegal y/o arbitraria al declarar admisible ofertas que no cumplían los requerimientos de las bases de licitación, cuya falta no impidió su revisión y asignación de puntajes en la Evaluación Administrativa y Técnica.
En su demanda, Sonda señaló que diversas ofertas incurrieron en causales de inadmisibilidad, partiendo por Aisino, respecto de la que señala que su apoderado no detentaba los poderes suficientes para estos efectos y el certificado de duración de las cédulas y pasaportes no acreditó la duración de 10 años exigida en las bases de licitación. Por otra parte, afirmó que Idemia carece de un representante legal para su establecimiento permanente en Chile, con poderes amplios y suficientes de representación; y otros competidores, como PWPW y Unidad Temporal de Proveedores Telefónica no acompañaron las declaraciones juradas requeridas en el proceso de licitación.
Además, ambas actoras coinciden en que la oferta de la Corporación Aisino incumplió el nivel de precisión exigido en las pruebas de biometría, cuyo objeto es verificar que el documento asegure una identidad única, que impida cualquier tipo de fraude o emisión errónea de documentos. Lo anterior, al constituir un criterio de admisibilidad, hacía procedente la exclusión de dicha propuesta y por tanto, su evaluación técnica y económica.
Sonda añadió en su presentación que existe un riesgo de ciberseguridad con la propuesta precedente, toda vez que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos alertó sobre un programa maligno de backdoor que se está instalando silenciosamente en las redes de empresas extranjeras que operan en China a través de un sotfware fiscal exigido por el gobierno, que permite infiltrarse en redes y robar sus datos, el cual habría sido detectado en la empresa tecnológica Aisino. De tal modo, en caso de verificarse esta información, concluye que dicha oferta sería inadmisible al incumplirse las bases técnicas de la licitación.
Por otra parte, las empresas denunciaron en sus acciones de impugnación la vulneración del principio de legalidad, transparencia, de estricta sujeción a las bases y de igualdad entre proponentes, en virtud de la declaración de admisibilidad de ofertas que no lo eran y por lo cual, solicitan se ordene a la Comisión Evaluadora emitir un nuevo informe en el cual se analicen la totalidad de los requerimientos de admisibilidad administrativos y técnicos referidos.
El Tribunal, tras acoger a tramitación la acción de impugnación, requirió informe al Servicio de Registro Civil e Identificación. Una vez recibido el informe, deberá resolver si abre un término probatorio o cita a oír sentencia y dicta el fallo respectivo.
Lea la demanda del consorcio liderado por Sonda
(Con información de Diario Constitucional)
