Los abogados de derechos humanos, Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux y Álvaro Varela, respondieron a una declaración firmada por un grupo de periodistas en donde cuestionan al abogado Jean Pierre Matus como integrante de la Corte Suprema, luego que recibiera el respaldo del Senado.
Consignar que el texto de los periodistas Mauricio Weibel, Pascal Bonnefoy, Tania Tamayo y Mónica González, entre otros, apuntan a Matus de asesorar en temas de “corrupción castrense”, ser defensor del ex director de la DINE, general Shafik Nazal, imputado en el caso de espionaje a periodistas, como también haber apoyado en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos.
Caucoto, Fouillioux y Varela señalan en una respuesta a los reporteros que Matus, “no ha apoyado en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos, a través de la doctrina de la media prescripción. Por el contrario, como consta, entre otros, en el fallo del caso Luzoro-Paine (la primera que condena a un civil por esta clase de delitos, según se lee aquí) rechaza que esa atenuante sea de obligatoria aplicación en casos de detenidos desaparecidos, torturas y ejecutados políticos. También rechaza absolutamente la imprescriptibilidad de tales delitos, como puede verse en este artículo publicado en 2005”.
Además, aclaran que el abogado “no ha tenido ninguna intervención como defensor en causas relacionadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en el Ejército y Carabineros de Chile. Es más, como Abogado Integrante de la Corte Suprema redactó, entre otros, el fallo que condenó a los militares involucrados en la compra irregular de Tanques Leopard, como se puede leer aquí”.
Respecto al asesoramiento al comandante en Jefe del Ejército, los abogados señalan que “el Profesor Matus asesoró profesionalmente al Comandante en Jefe del Ejército entre fines de 2018 y fines de 2020, sin relación de subordinación ni dependencia. Entre sus labores, participó en el establecimiento de un Plan de Prevención de Delitos y emitió un informe en que, contradiciendo la postura original del Ejército, se señala claramente que la forma en que se hicieron los pagos de pasajes y fletes a cientos de funcionarios hasta el año 2015 aprox. era irregular y que procedía la restitución de lo recibo en exceso, sin perjuicio de los eventuales fraudes que se hubieren cometido, materia de la investigación de la Srta. Ministra en visita Romy Rutherford. El informe puede leerse completo aquí”.
“En estas labores, y mientras duró la asesoría, asumió la representación del entonces Jefe del Estado Mayor Gral. Shafik Nazal, como entonces subrogante legal del Comandante en Jefe, labor profesional que no es reprochable éticamente, en la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan, realizados antes de 2018”, afirman.
Finalmente, precisan que “en materia de libertad de expresión, fue el abogado de la autora del “Libro Negro de la Justicia” en los tribunales chilenos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logrando la derogación de los delitos de “desacato” antes existentes en el art. 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado, como se señala aquí”.
