Esta noche, Clarín de Argentina publica que: «El Gobierno de Chile envió una nota de protesta a la Argentina para quejarse por las nuevas Directivas de Defensa Nacional, publicadas por el Gobierno el mes pasado».
Según detalla la nota 7285 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile -a la que accedió Clarin– en esas directivas se incluyen prerrogativas argentinas sobre un territorio que pertenece a Chile.
El documento refuta el hecho de que Argentina se atribuya controles conjuntos sobre zonas magallánicas y antárticas que en Santiago consideran como propias. Y también advierte que en los espacios marítimos de las Islas Malvinas (NR Infogate: Falkland), Georgias del Sur y Sandwich del Sur impera el libre tránsito.
De esto último se deduce una suerte de advertencia y rechazo ante las sanciones que este el gobierno de Alberto Fernández impuso empresas petrolíferas que exploren en aguas en disputa con el Reino Unido. Pero también por el endurecimiento de la política nacional en el marco del conflicto de soberanía.
La nota número 7285 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a la que tuvo acceso Clarín fue entregada a la embajada argentina en Santiago, que comanda el ex Canciller Rafael Bielsa. Refiere al decreto 457/2021 del pasado 19 de julio por la que se oficializó la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional. Esta DPDN está conformada por unas 40 páginas en las que el Ministerio de Defensa habla de cuáles serán sus lineamentos.
En esta mezcla de lo que fue la doctrina de Cristina Kirchner –sobre todo su alianza con el chavismo en Venezuela y una mirada anti sanciones y anti “injerencista”- más otros aspectos que quedaron de la doctrina en Defensa de Mauricio Macri, el Gobierno actual detalló varios párrafos sobre la “Apreciación Estratégica del Escenario Regional”.
Es sobre ello que la nota chilena hace referencia a un párrafo en el que la Doctrina argentina habla de que resulta “fundamental continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”.
Entonces, la nota de la Cancillería chilena le recordó al Gobierno argentino que el Estrecho de Magallanes, “incluidas” sus dos riberas, “es territorio soberano chileno en conformidad con lo dispuesto en el Tratado de 1881”, lo que “ha sido reiterado en el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984.” Y dice: “En consecuencia, Chile rechaza lo planteado por Argentina en la DPDN sobre un supuesto control conjunto por carecer de sustento jurídico y no resultar procedente en virtud de los tratados aplicables.
Luego señala que el Mar De Drake, que para la Argentina es el Mar de Hoces, Chile considera que “tampoco existe allí un control conjunto y que, de conformidad con el derecho internacional del mar, seguirá ejerciendo todos los derechos soberanos que les corresponden, así como las libertades reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
Clarín consultó en el ministerio de Defensa y le atribuyeron a la Cancillería argentina la autoría de esos párrafos de política exterior. En Cancillería tomaron nota de la consulta y reconocieron la existencia de “un error” que van “rectificar” en el texto de la nueva doctrina. Sobre este aspecto varias fuentes argentinas consideraron como un error innecesario de los argentinos ese párrafo de supuesto control conjunto de una zona que es chilena.
“Ese plan estratégico comete errores en el sentido de que no puede involucrarse a otros países de esa manera. Mala praxis. Provoca conflictos innecesarios”, dijo una fuente.
El Gobierno de Piñera y de Alberto F. tuvieron varios cruces durante el manejo informativo de la política sanitaria, pero también lo que hace a la extensión de la plataforma continental argentina que en unos pequeños puntos en el sur del país fueron refutados por Chile.
La Directiva de Defensa provocó varias controversias desde que fue publicada el mes pasado en el Decreto. La oposición de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentó incluso un proyecto en el que solicita al Gobierno dejar sin efecto la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), y cuyo análisis de la situación regional implica un apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
