El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, respondió a los cuestionamientos hechos por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien defendió los procedimientos de deportación de migrantes irregulares del país que está realizando el Gobierno.
Galli explicó que el llamado hecho por HRW para terminar con las deportaciones, apunta a que “se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente”.
Sin embargo, Vivanco respondió a través de su cuenta en Twitter, afirmando que “Creo que el Subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe sobre deportaciones de Chile”.
Y en un hilo, el representante para las Américas de HRW dijo que “No estamos pidiendo terminar con las deportaciones de extranjeros de Chile, sobre todo en el caso de condenados por un delito, como prevé la legislación. Pedimos terminar con las deportaciones sumarias que violan el debido proceso”.
Y agrega que “Estas son algunas violaciones al debido proceso que señalamos en nuestro informe: -Autodenuncias usadas como la principal prueba para deportar, -No se examinan circunstancias individuales en cada caso, -Órdenes de expulsión tienen un lenguaje idéntico, -Deportaciones en fines de semana, lo cual limita los recursos judiciales, -Separación de familias”.
“La Corte Suprema y numerosas cortes de apelaciones chilenas e instancias de la ONU, como ACNUR, OIM, UNICEF y el Relator sobre los DDHH de los Migrantes, también han criticado estos procedimientos”, plantea Vivanco.
También apunta a que “ayer el Senado chileno solicitó al Presidente Piñera instruir al Ministro del Interior a «detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia»”.
Vivanco destacó el último comentario de Gallo, indicando que “Valoro que el Subsecretario Galli dijera que “si hay que corregir, lo haremos”. Hay que corregir. Estamos a disposición para dialogar con las autoridades para impulsar políticas públicas que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos en temas migratorios”.
