Este jueves, la UDI ingresó a la Contraloría General de la República un requerimiento contra la Municipalidad de Recoleta por los hechos ocurridos en el Cementerio General, en específico, por la vandalización de la tumba de Jaime Guzmán y el robo de las cenizas de su madre, Carmen Errázuriz.

En la presentación -firmada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann– el partido pide a Contraloría pronunciarse sobre la falta de servicio y cuidado entregado por el municipio, del que depende el Cementerio General, y que se establezca quiénes son los responsables por parte de la municipalidad.

Así, en el escrito se apunta a una “falta de servicio clara y evidente por parte del Cementerio General, unidad dependiente de la Municipalidad de Recoleta” y se agrega que “la Contraloría General de la República, por disposición constitucional, tiene por objeto ejercer el control de legalidad de los actos de la administración, y a su vez, las municipalidades tienen la responsabilidad legal por los daños que se causen, las que procederán principalmente por falta de servicio”.

En concreto, el requerimiento solicita a Contraloría tres aspectos esenciales: que se “fiscalice” a la Municipalidad de Recoleta y que determine si hay responsabilidades administrativas involucradas; que se inicie un sumario administrativo para definir las infracciones administrativas; e “instruir a la Municipalidad de Recoleta que cumpla con sus obligaciones legales y reglamentarias, y que provea de todas las medidas de seguridad y adopte todas las providencias necesarias para evitar que estos lamentables hechos vuelvan a ocurrir”.

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