Una carta publicada este sábado en El Mercurio y firmada por 54 médicos de la Clínica Las Condes, dan cuenta de la grave crisis que atraviesa la institución asistencial tras el cuestionado caso de la “tercera dosis” a la que fue sometido el presidente del directorio, Alejandro Gil, acusando también que ese hecho junto con la renuncia y desvinculaciones de funcionarios, ha afectado la credibilidad y confianza entre los pacientes y la ciudadanía.
A través de la misiva, los galenos sostienen que “los hechos, de conocimiento público, remecen a todos quienes nos desempeñamos en este centro asistencial, comprometiendo la fe pública y la confianza, valores que Clínica Las Condes siempre había asegurado a sus paciente”.
En ese sentido, explican que siempre han trabajado en construir la identidad de la clínica, “hemos alzado la voz desde el interior de la institución, en todos las instancias, en resguardo del ejercicio de la medicina dentro del marco ético y de excelencia que sustenta la relación médico-paciente y la confianza que deposita la sociedad en los profesionales de la salud”.
“Reconocemos con impotencia que las acciones que hemos realizado no solo han sido insuficientes, sino además de un alto costo, pues hemos debido lamentar la partida de un gran número de miembros del equipo de salud, desvinculaciones inexplicables y la desintegración de la organización médica, así como el cese de funciones de los integrantes acreditados del Comité de Ética de esta institución”, precisan.
Incluso esperan que al hacer esta carta “no nos haga correr el mismo destino, como también que los profesionales alejados de CLC sean reintegrados a la brevedad”.
Asimismo, sostienen que los hechos en los que se ha visto envuelta la clínica “no tiene precedentes en la historia de la medicina chilena, afecta la credibilidad de las instituciones y empaña el prestigio de una clínica en la que muchos hemos ejercido la medicina por décadas, poniendo al servicio de los pacientes nuestra experiencia, conocimiento y dedicación”.
Los facultativos también apuntan que las políticas de salud decretadas en pandemia como las normativas laborales “deben ser respetadas en cualquier institución, más aún en los difíciles tiempos que enfrentamos quienes trabajamos en salud. Manifestamos igualmente nuestro respaldo a enfermeras, Tens y otros profesionales de la salud que han cumplido con su deber y mantenido el profesionalismo en condiciones de trabajo adversas asumiendo el riesgo de ser despedidos”.
