La Ley de Inclusión (Fin al copago, selección y lucro), fue el resultado de un largo debate durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, que duro casi dos años, con crispaciones y pasiones que brotaron de todos lados, impulsado por connotados militantes de Revolución Democrática, que se encontraban en el Ministerio de Educación, como Asesores u ocupando cargos gravitantes como la División General de Educación, con sus respectivos equipos de confianza, como tiene que ser y bajo el alero del Ministro Eyzaguirre.
Las personas, como quien escribe este documento, estábamos contentos, pues esto implicaba sacar el mercado de la educación y encaminar a esta última a constituirse y estructurarse como un derecho social. Es decir, ideológicamente era lo correcto, daba en la línea de flotación al modelo neoliberal en el sistema educacional y en términos de razonamiento era de sentido común y sensatez, no volver a pagar por la educación, que los establecimientos que reciben recursos del estado no seleccionen a sus alumnos/as y que el lucro y la especulación no tenga cabida en el sistema escolar chileno.
Quizás, como toda política pública, es perfectible, como, por ejemplo, el haber pensado que la conectividad de las familias para postular a sus hijos/as, a los establecimientos educacionales era igual en todo el territorio nacional, que todos los establecimientos tenían una conectividad óptima para recibirlas o que los padres y madres, al llegar a su escuela, liceo o colegio, no estaban enterados y les resultaba engorroso (formas y tradiciones culturales cambiadas repentinamente), etc. Claramente mejorable.
Pero lo que me resulta preocupante es que esta Ley de Inclusión, fue ingresada al Tribunal Constitucional por el actual Ministro de Educación, para declararla inconstitucional o a lo menos comenzar a minar sus bases. Nadie de sus impulsores: ex Ministros/as, Sub -Secretaria, Asesores y Jefe de la División General, Parlamentarios, Gremios de la Educación que apoyaron esta ley, ¡¡No hayan dicho nada!!, cuando la reforma símbolo está entrando en proceso de ser desmantelada. Nadie ha dicho nada, pero sí ha sido, pido las disculpas y me sumo a la defensa de tan importante reforma, disponible aquí y ahora.
También, me resultó contracultural o a lo menos no pertinente a los tiempos de avances democráticos y populares que está viviendo nuestro país, que el gremio de las/os profesoras/es, haya salido a valorar la decisión del Gobierno de aplazar el proceso de desmunicipalización, sacando algunos de los Servicios Locales de Educación que ingresaban el año 2022. Como me conmueve que ex Ministro/as, Sub -Secretaria, Asesores, Jefe de la División General, Parlamentarios y otros gremios de la Educación que apoyaron esta ley tampoco digan nada. Es decir, nuevamente ¡¡No se escucha, Padre!, pero también pido las disculpas, sí la acusación constitucional que se está gestando hacia el Ministro Figueroa incorpora estos puntos (Forma de hablar y de oponerse) y varios más.
Pero, no podemos olvidar y hacernos la autocrítica que el problema estuvo no necesariamente en el diseño, sino, en su implementación: Táctica, estrategia y política; las/os Directoras/es de los Servicios Locales de Educación, como el Director Nacional, que fueron nombradas por la Ministra Delpiano y que debían impulsar y conducir este proceso, duraron menos que un candi. Antes de dos años fueron removidos y reemplazados por directoras/es, funcionales al Gobierno del Presidente Piñera. En una primera etapa la Ministra Cubillos hizo todos los esfuerzos para detener este proceso, igual como el nuevo Sistema de Acceso Escolar, de la Ley de Inclusión. ¡¡Fuimos timoratos y poco audaces!!
Claramente comparto con el Presidente del Colegio de Profesoras/es que no ha sido lo esperado, la forma en como han funcionado los Servicios Locales, pero también, durante estos casi cuatro años de Gobierno Cubillos y Figueroa, por decisión política de Larroulet y Piñera, han tratado de boicotearlos. Quiero pensar que el Presidente del Magisterio, hace estas declaraciones para impulsar esto más, partiendo de este avance (SLE), para no depender de un órgano autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica, sino que, en forma directa del MINEDUC. Sí es así, estamos del mismo lado, en este tema.
Finalmente, reivindico el valor de las leyes de Inclusión y de Nueva Educación Pública, pues son instrumentos jurídicos que buscan y se encaminan a entender la educación como un Derecho Social y que son pertinentes al nuevo ciclo político y a la Convención Constitucional que ya está funcionando, ya que estas Leyes no son compatibles con un modelo de desarrollo neoliberal como el que hoy tenemos, de servicios y extractivista, “sino con uno, garantes de derechos sociales fundamentales”. Por ello, ambas leyes deben ser la base del sistema educacional y las herramientas para que en este sector de educación y en las otras áreas estratégicas, la Convención discuta un nuevo modelo de desarrollo, que quede plasmado en la nueva Constitución, donde se garanticen los derechos a la salud, vivienda, educación, trabajo y a un medio ambiente amigable, es decir, que Chile sea: “Un Estado de Bienestar Social”.
***Fernando Ochoa del Río es Ex – Presidente Comisión de Educación del Partido Socialista de Chile
