Esta semana que termina, entre los muchos escandalos que jalonan la nación, la de la tercera vacuna del presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, es el foco del análisis de Carlos Peña, que advierte que en esta actitud se revelan los problemas que han llevado a la situación del país que vive hoy marcada por el enojo y la bronca ciudadana justaente con quienes ostentan poder econ´mico, político o posiciones privilegiadas. Lo que ha hecho Gil -que no es nada de «Gil»– es aprovecharse aemás de un recurso del Estado como las vacunas que son pagadas con los impuestos de todos y no son de propiedad del centro de salus privado.
Peña sostiene que: «El problema que revela la conducta de Gil es uno que indigna a los ciudadanos y acaba alimentando, esta vez justificadamente y con toda razón, la hoguera del malestar: la idea de que la propiedad y la riqueza, o la habilidad gatuna para obtenerla, que ya confieren suficientes ventajas a la hora de comprar y vender, otorga además privilegios que exoneran al titular, o a quien se vincula con el pariente del titular como parece ser el caso, de los deberes que en cambio pesan sobre los ciudadanos de a pie, deberes tan sencillos y casi banales como respetar la fila de espera, no usar la propia posición en beneficio propio».
A continuación el ánalisis completo de Carlos Peña:
«Hay ocasiones en que un pequeño incidente, apenas un descuido, un gesto automático, revela como si fuera un síntoma, un problema de más amplio alcance.
Es lo que acaba de ocurrir el día 3 de julio en la Clínica Las Condes.
Ese día un señor arribó al vacunatorio de la clínica, y sin vacilar se dirigió al mesón de atención solicitando se le vacunara. Hasta ahí, y si se descuenta la mala educación que reveló el hecho de que no esperara su turno y el gesto, según relatan testigos, de hablar por teléfono mientras pedía la vacuna, no parece haber nada alarmante. Salvo que se trata del presidente del directorio de la clínica -Alejandro Gil es su nombre-, quien, acompañado de la enfermera a cargo, logra, haciendo uso de su autoridad, se le inocule una tercera dosis de la vacuna que la clínica distribuía gratuitamente gracias al financiamiento con rentas generales. Alejandro Gil, a contar de ese día, no espera anhelante, como el resto de los ciudadanos, que se ordene distribuir la tercera dosis para escapar de la enfermedad, porque él, gracias a su posición en el directorio de la clínica, simplemente ordenó se le inoculara.
¿Qué explica esa conducta que es de esperar -pasados los días- avergüence a quien la ejecutó y a quienes la cohonestaron?
Una alternativa es que Alejandro Gil sea hipocondríaco, tenga un temor irracional a la enfermedad o a la muerte, y que, por eso, como el pasajero que pega codazos para abandonar un barco que se hunde, haya sido capaz de arrojar modales, reglas y alguna porción de prestigio por la borda a fin de escapar a la enfermedad que tanto teme. De ser así, no es la vacuna lo que lo mejoraría, sino una terapia de otra índole, psiquiátrica o psicológica, que le ayudara a soportar las flechas del destino que, con una porfiada igualdad, espera a los seres humanos.
Desgraciadamente, al parecer no es la hipocondría la que lo aqueja, sino la prepotencia y el privilegio.
Porque el problema que revela la conducta de Gil es uno que indigna a los ciudadanos y acaba alimentando, esta vez justificadamente y con toda razón, la hoguera del malestar: la idea de que la propiedad y la riqueza, o la habilidad gatuna para obtenerla, que ya confieren suficientes ventajas a la hora de comprar y vender, otorga además privilegios que exoneran al titular, o a quien se vincula con el pariente del titular como parece ser el caso, de los deberes que en cambio pesan sobre los ciudadanos de a pie, deberes tan sencillos y casi banales como respetar la fila de espera, no usar la propia posición en beneficio propio, no aprovecharse de bienes públicos, no pretender ventajas que no se merecen, no coaccionar con la amenaza muda a los funcionarios, no presumir de privilegios inmerecidos, y, sobre todo, como habría ocurrido en este caso, no reconocer el propio error y en cambio obligar a subordinados de lealtad perruna a hacer maniobras para ocultarlo.
En suma, Alejandro Gil -como antes Matías Pérez Cruz, que reclamaba ser dueño del trozo de playa frente a su propiedad- ha puesto de manifiesto una actitud que ejecutan muchos de quienes por tener dinero (o vínculos con quienes poseen el dinero) se sienten autorizados a ejercer privilegios, es decir, pretenden que no están sometidos a los mismos deberes y obligaciones de conducta que el resto de las personas por el solo hecho de tener propiedad, olvidando que el dinero autoriza comprar mercancías pero no exime de comportarse con corrección.
Y lo peor es que la conducta de Gil quizá haya sido ejecutada de manera inconsciente, con ese automatismo y esa naturalidad que los sociólogos llaman habitus, como si saltarse la fila y ejercer privilegios inmerecidos fueran para él una cosa tan natural como la respiración, algo cuya ilicitud Gil no fue capaz de advertir. Y eso hace a su conducta aún peor, porque, como enseña Kant, las obligaciones morales no aseguran que la gente se comporte mejor; pero entre dos sujetos que las infringen siempre es mejor aquel que al menos sabe que lo hace.
No cabe duda, el presidente del directorio de la clínica goza hoy de su tercera dosis y ha de sentirse ahora más seguro frente a la amenaza del virus; aunque los retazos de prestigio y respetabilidad que podría haber poseído se acaban de deshacer con la misma rapidez con que logró, de una forma que ninguna regla de imparcialidad aceptaría, que la vacuna le fuera inoculada», remata el abogado.
