La carrera de los dos candidatos de la izquierda radical para obtener un triunfo en la primaria del colectivo Apruebo Dignidad, avanza sin contratiempos. Los candidatos Gabriel Boric (Frente Amplio) y Daniel Jadue (Partido Comunista) han dado a conocer sus propuestas programáticas, generando toda clase de reacciones y señales de preocupación, por la intensidad e irresponsabilidad de algunas de sus propuestas. Como era de esperar, ellas contemplan no sólo mayor injerencia e intervención estatal en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, sino que, además, denotan absoluta desconfianza hacia muchas instituciones fundamentales de la República, siendo las FFAA una de ellas.
En el caso del candidato comunista, aunque sus propuestas no contienen una mención expresa ni un capítulo relativo a los institutos armados, su campaña viene precedida de una desafortunada polémica. Su propuesta de exigir a las FFAA, en caso de ser electo, la suscripción de un Estatuto de Garantías, para asegurar su compromiso con el orden institucional, generó amplio rechazo en diversos sectores políticos. Con justa razón, se le ha recordado precisamente el papel y responsabilidad que le cupo al Partido Comunista (PC) en el quiebre institucional de 1973, por haber incumplido y desbordado el marco constitucional vigente. A fin de evitar una polémica, de la cual resultó claro perdedor, forzándolo a retractarse, Jadue ha preferido omitir toda referencia a las FFAA en sus propuestas. Razones tácticas lo llevarán, sin duda, a plantear su visión sobre las FFAA en la Convención Constituyente, donde el referente FA-PC goza de gran hegemonía. Su silencio, a este respecto, es elocuente y vale más que mil palabras.
El caso del diputado del FA es distinto. Aunque no viene precedido de ninguna polémica en relación a las FFAA, sus propuestas sí incluyen medidas relativas a los institutos armados. Como parte de su “Manifiesto Programático”, Boric plantea revisar la autonomía política y operacional de las FFAA amparadas en la Constitución, y bajo la falsa premisa de que ellas no se encuentran sometidas a ningún tipo de fiscalización, persigue someterlas al control civil, sin especificar su alcance. Aun así, no queda espacio para dudas: busca la intervención absoluta del Estado y la politización en la gobernanza, gestión y formación de los uniformados chilenos. Sus apelativos sobre una supuesta división de clases y patriarcado al interior de las FFAA, solo ahondan la preocupación de los uniformados por llevar conceptos propios de una lucha de clases a instituciones que no sólo han ejercido una prudente y responsable autonomía, evitando su captura por el gobierno de turno, sino que ellas han demostrado su plena adhesión y respeto a la Constitución.
Ambas propuestas desconocen todos los ajustes constitucionales, que a partir del 2005, se introdujeron al texto fundamental para eliminar todo elemento que apelaba al rol de las FFAA como “garantes” de la institucionalidad, pero preservando plenamente su naturaleza de cuerpos profesionales, disciplinados, obedientes y no deliberantes, que poseen el uso exclusivo de la fuerza legítima. Al mismo tiempo, ellas han sido, y lo continuarán siendo, para una gran mayoría de chilenos, un acervo republicano y democrático, que debe preservarse para aislarlas del intento de someterlas al control o simpatía de un gobierno o de partidos, en especial tratándose de su formación y carrera militar.
La Convención Constituyente está llamada a reglamentar la institucionalidad y rol de las FFAA en el nuevo texto constitucional. Para los institutos armados la discusión no será fácil ni trivial. En efecto, su carácter no deliberante será aprovechado por aquellos sectores de la izquierda radical para torpedear una adecuada representación, explicación y aporte de las propias instituciones aludidas. La tentación de alegar una supuesta infracción a dicho principio, por el solo hecho de dar su opinión sobre materias que son de su especialidad, estará a la orden del día. Complejo será, igualmente, para los institutos armados, el tenor y alcance del trabajo constituyente. Son las más interesadas en preservar su autonomía, bajo un adecuado marco institucional, que les permita desempeñar su papel sin quedar expuestos a los vaivenes de los diferentes ciclos políticos.
Finalmente, las propuestas de la izquierda del Estatuto de Garantías, como era de esperar, evidencian el propósito de replicar el modelo venezolano en nuestras FFAA y la gran mayoría de chilenos no quieren institutos armados al estilo chavista. Tal como como a principios de los años setenta, bajo la abierta intención del gobierno de la Unidad Popular, se acuñó el eslogan de “la Papelera, no!”, para evitar su intervención, hoy estamos llamados a defender el rol de las FFAA como instituciones fundamentales de la República. Algunos dirán que los tiempos han cambiado, pero la evidencia no avala completamente dicha afirmación. En verdad, la intención de la izquierda radical de controlar y politizar a las FFAA no ha desaparecido. Ambos candidatos de Apruebo Dignidad son el mejor ejemplo. Es hora de acuñar ¡las Fuerzas Armadas, no!
