El Presidente, Sebastián Piñera, firmó este domingo el decreto que convoca a la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de la redacción y propuesta de una nueva Constitución. De esta forma, los constituyentes se reunirán el próximo 4 de julio, a las 10:00 horas, en la sede del edificio del Congreso Nacional en Santiago.

“Representa una gran oportunidad para lograr acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una Constitución que sea reconocida y respetada por todos y constituya un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y nuestra sociedad”, dijo el mandatario en un acto en La Moneda en el que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Segpres, Juan José Ossa.

Una vez instalada la primera sesión de la Convención Constituyente, el órgano tendrá un plazo de nueves meses, prorrogables por tres adicionales, para aprobar el texto final. Una vez aprobado, habrá un plazo de 60 días para realizar un plebiscito que aprobará o rechazará la nueva Constitución.

Las actividades de la convención se desarrollarán en dos recintos: el Congreso Nacional Sede Santiago será para el quehacer legislativo, mientras que el Palacio Pereira será el espacio para que los convencionales se reúnan con sus equipos, ofrezcan puntos de prensa y reciban asesorías.

“Sin duda esta misión exigirá grandeza, visión, sabiduría y patriotismo”, destacó el jefe de Estado.

La Convención Constitucional está compuesta por 155 integrantes y de manera paritaria por hombres y mujeres. Además, incluye la representación de los pueblos originarios mediante 17 escaños reservados: Siete para el pueblo mapuche, dos para el pueblo aimara y uno para kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

“Que la historia, nuestra hermosa historia, recuerde a los Convencionales Constituyentes como los constructores de grandes acuerdos y los forjadores de un mejor futuro para Chile”, señaló el Presidente.

En una parte de su intervención, Piñera sostuvo que la convención “tiene importantes grados de autonomía que todos debemos respetar”, aclarando que su misión “no es gobernar, ni legislar, porque esas son tareas que le corresponden al Gobierno y el Congreso”.