El diputado del PS, Leonardo Soto, demandó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte en investigaciones y querellas contra funcionarios de las policías y militares por violaciones a los derechos humanos cometidos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

El parlamentario dijo que el país una “enorme necesidad de hacerse cargo de gravísimos, múltiples y reiteradas y masivas violaciones a los derechos humanos producidas por funcionarios públicos, la mayoría de ellos funcionarios policiales aunque también hay militares”.

En ese sentido, Soto apuntó al CDE que tiene la obligación de perseguir la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando cometen delitos «y me gustaría saber si el CDE tiene claridad en esta función, si ha ejercido acciones penales directas a propósito de estas masivas violaciones a los DDHH causadas por policías”.

Recordó que existen varios tratados internacionales que establecen normas claras sobre el tema y que están vigentes en Chile, por lo que el “CDE tiene que aplicarlas rigurosamente”.

“Qué ha hecho el CDE para enfrentar la responsabilidad de funcionarios públicos policiales y militares en materia de DDHH producidas desde octubre del año 2019 hasta ahora que son una herida abierta en nuestra sociedad”, se preguntó.

Por su parte, el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, explicó que el organismo que dirige ha cumplido un rol importante en materia de acciones y delitos que cometen funcionarios públicos que vulneran los DDHH a partir de la fecha donde se produjo el estallido social.

“Solamente mencionar que al mes de noviembre, es decir transcurrido un mes de producido el estallido y las primeras situaciones que se conocieron por la prensa, el CDE intervino y presentó la querella criminal respectiva. Hemos presentado hasta la fecha 20 querellas criminales por delitos de tortura, apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas”, explicó.

Peribonio insistió en que existen 51 formalizados por el Ministerio Público donde también el CDE ha presentado querellas, lo cual equivale al 43% de los casos.

Las declaraciones las hicieron en la Comisión de Constitución de la Cámara donde se discutía el proyecto de ley que moderniza el CDE, ocasión en que Soto señaló no estar disponible para que las nuevas designaciones de nuevos consejeros del organismo las haga este Gobierno.

Además, la comisión investigadora sobre la Actuación de las Policías tuvo a Fabiola Campillai y Manuel Veliz, víctimas oculares del estallido, quienes sufrieron lesiones en sus ojos por el accionar de Carabineros y que hasta el día de hoy no han recibido justicia ni ayuda económica o psicológica.

Campillai dijo que “ha pasado el tiempo y aquí estoy tratando de salir adelante… de aprender cosas nuevas gracias al apoyo de mi familia y amigos. No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva. Solo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”.

Además, señala que vivir así ha sido muy duro para ella y su familia, afirmando que “a pesar de eso quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica. El Estado no se ha hecho cargo de nada, solo la gente del IST, a quienes agradezco enormemente y, por supuesto, a mi familia”.

A su vez, Manuel Véliz también relató su caso ante la instancia: “Salí a buscar trabajo y al regresar a casa no tenía un ojo. Esto ha sido horrible porque el día que sufrí el ataque de carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19 horas caminaba por el bandejón central de La Alameda… había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo… Una persona me llevó a un puesto de la Cruz Roja y luego a lo que es el Cine Arte Alameda. Carabineros nos seguía disparando y lanzaron bombas al cine”.

Añadió que a la Clínica Alemana llegaron efectivos de Carabineros quienes le pidieron firmar un documento en el que los exculpaba. “Sacaron a las enfermeras y médicos de un box y solo con el arribo de la Policía de Investigaciones se retiraron del lugar. Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda… para qué hablar de apoyo psicológico… nada”.