Luego que se conociera que el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de DDHH y otras organizaciones presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera, desde el mundo político reaccionaron con distintas opiniones que van desde que es necesario que los hechos ocurridos después del estallido social no deben quedar impunes hasta que se trata de un “ataque político” en contra del mandatario y el Gobierno.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que “durante el Gobierno de Piñera se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia. Y con un Presidente que le declaró la guerra a su pueblo, que envió a reprimir las manifestaciones sociales, el estallido social de octubre de 2019, sin duda alguna que tendrá que responder frente a los tribunales de justicia a nivel nacional e internacional. Y esa responsabilidad penal se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato democrático”.

“Me parece que en una democracia, por la propia salud de ésta, se deben perseguir las responsabilidades penales y políticas de quienes son responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Otra que reaccionó a la noticia fue la diputada PC, Karol Cariola, quien usó su cuenta en Twitter para señalar que “La justicia se abre camino. Arrancarle los ojos al pueblo y declararle la guerra, no puede quedar impune. Piñera tendrá que responder por las violaciones a los DDHH y si no es en Chile, será ante el mundo en la Corte Penal Internacional”.

Por su parte, la también diputada PC, Carmen Hertz, señaló que “resulta una gran noticia para el conjunto de la sociedad chilena que un jurista de la talla de Baltasar Garzón, la CCHDH, la Asociación Americana de Juristas y la Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) Italiana hayan pedido a la fiscal de la Corte Penal Internacional una investigación sobre los crímenes cometidos en Chile de manera grave, generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad y no delitos comunes”.

Hertz explica que “en ese escrito se fundamenta que más de la mitad de las denuncias por las violaciones a los derechos fundamentales de las personas ocurridas a partir del 18 de octubre fueron cerradas, es decir en esta situación el Estado de Chile no investiga, no sanciona, por tanto, las graves violaciones a los DDHH y no repara de manera integral a las víctimas. Esta impunidad es la que se espera termine con la presentación ante la Corte Penal Internacional, ya que las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional”.

A su vez, desde la otra vereda salieron a defender al mandatario, cuestionando la denuncia ante la CPI como fue el caso del diputado RN, Sebastián Torrealba, quien señaló que la acción “no es una novedad, se veía que es parte de una estrategia en contra del Presidente por parte de sectores extremos de nuestro país”.

“Los mismos que hicieron esto son los que recibieron a los violentos en el Congreso Nacional, que recibieron a la primera línea que destruyeron la vida a miles de personas en Chile, son aquellos que están impulsando hoy esta iniciativa”, mencionó.

En ese sentido, sostuvo que “la verdad es que no sorprende y evidentemente cualquier persona tiene el derecho de acudir a los espacios que quiera para demandar algo, pero detrás de eso hay solamente un ataque político hacia el Presidente de la República”.

En esa misma línea respondió el diputado RN, Andrés Longton, quien afirmó que “no se justifica en la medida que el Presidente no es el que toma las decisiones judiciales, son los tribunales y los tribunales son independientes en nuestro país, por lo que no se condice una acción contra el Presidente que pretenda cuestionar decisiones de los tribunales de justicia”.

“Tenemos un sistema judicial independiente y tenemos que dejar que opere, independientemente de las acciones que se puedan imponer contra el Presidente, pero en este caso obviamente que es una acción en tribunales internacionales respecto al cuestionamiento del Poder Judicial, me parece que no va por la vía de acusar al Presidente”, finalizó.