Este jueves, a través de un comunicado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por su presidente, Carlos Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón – FIBGAR, representada por su Presidente, Baltasar Garzón, en conjunto con el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), representada por Vanessa Ramos, comunican que hoy, 29 de abril, presentamos una Comunicación (Denuncia) ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para que inicie una investigación en contra el Presidente de Chile Sebastián Piñera Echenique y otras autoridades políticas y policiales, por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, ocurridos en nuestro país durante el período que se inicia en el mes de octubre de 2019 y hasta la fecha, ilícitos que se encuentran descritos y sancionados en el Estatuto de Roma.
El escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, pide enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.
Los impulsores de la denuncia señalan que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.
“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señalan desde la CCHDH.
Asimismo, el escrito sostiene que es necesario “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social de octubre de 2019.
A través de un comunicado, la CCHDH precisa que “los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”.
Además, sostienen que el Gobierno de Piñera ha incumplido las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de DDHH de la ONU en diciembre de 2019, luego de constatar que “las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República, e implementadas por los Generales Directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil”.
Asimismo, insisten en que “los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos”.
También cuestionan la asimétrica respuesta de la justicia chilena, debido a que “se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha”.
“Asimismo, hemos considerado la omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia”, añaden.
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