El diputado Leonardo Soto (PS) calificó el espionaje por parte del Ejército a profesionales de la prensa como “de la máxima gravedad en una democracia”.
En conversación con el programa “Las Cartas sobre la Mesa” de Infogate, el parlamentario sostuvo que “hay atentados directos contra esa libertad, porque se ha descubierto que un grupo de funcionarios públicos, militares de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), hacen espionaje y vigilancia permanente a periodistas que investigan la corrupción en las mismas Fuerzas Armadas o también la violencia en materia de derechos humanos”.
Seguidamente comentó que “cuando un cuerpo del Estado, en este caso el Ejército, interfiere en el funcionamiento de la libertad de prensa, a través de espionajes, escuchas telefónicas, seguimiento, en fin, toda esta batería que se ha descubierto, yo diría que estamos en presencia de un atentado terrorista contra la libertad de prensa, porque básicamente lo que quiere es infundir temor en los periodistas, producir que se autocensuren, que dejen de hacer lo que están haciendo, (…) y eso es propio de las dictaduras que intentan intimidar a la prensa para poder gobernar más tranquilos”.
Más aún, el diputado por el distrito 14, al reflexionar sobre la responsabilidad del acto cometido desde la institución castrense, explicó que “sé que directamente aparece involucrado la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, pero ellos forman parte del Gobierno, forman parte del Estado. Tienen un jefe político que es el ministro de Defensa, y tienen un jefe superior político que es el Gobierno. Cuando se ha descubierto que el DINE del Ejército hace estas maniobras de espionaje y vigilancia a periodistas, yo digo que el autor de este espionaje es el propio Gobierno de Chile, porque de una u otra manera, por acción u omisión, con autorización expresa o tácita, está permitiendo que estos funcionarios militares hagan algo indebido, algo que es un verdadero pecado mortal en una democracia, como es espiar a la prensa libre en nuestro país”.
¿Acusación constitucional contra alguna autoridad del Gobierno?
Soto recalcó que “este atentado a la libertad de prensa se inscribe dentro de los últimos 30 años dentro de lo peor que se ha visto”.
Por lo anterior, hizo hincapié en no descartar “de ninguna forma que esta investigación -que está recién partiendo-, por la magnitud que está teniendo, de personas involucradas, llegue finalmente hasta La Moneda, y permita hacer una acusación constitucional en contra del ministro de Defensa, ministro del Interior o de quien corresponda de acuerdo a las responsabilidades políticas que permitieron que esto funcionara”.
Cadena de mando y responsabilidad
Por otra parte, el parlamentario recalcó expresamente que en este caso “efectivamente aquí hay una cadena de mando” que debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer responsabilidades.
“Los funcionarios militares que andaban en una calle espiando a una jueza de la República, Romy Rutherford, el espionaje interviniendo los teléfonos de Mauricio Weibel, de Santiago Pavlovic y de otros periodistas y otros denunciantes de corrupción, hablan de que esto no es un acto ocasional, esto es un espionaje sistemático a los denunciantes de corrupción, es una línea de trabajo que tiene mucho tiempo de desarrollo y que no sabemos muy bien cuál es la justificación”, detalló.
Asimismo, y respecto del acto llevado adelante por funcionarios del Ejército, explicó que “lo que sabemos es que es completamente ilegal a partir de los datos que se han encontrado por la propia Justicia, por el Ministerio Público, que determinó que para poder intervenir los teléfonos del periodista Mauricio Weibel, la DINE entregó antecedentes falsos a la Justicia”.
En ese sentido, señaló que “si este patrón se repite en todos los casos, estamos en presencia de una red de espionaje, de vigilancia en nuestra democracia que tiene que ser desmontada y sus responsables tienen que responder ante la Justicia por los delitos”, destacando que “allí yo inscribiría inmediatamente a los uniformados, al director de la Dirección Nacional de Inteligencia de la época, que le mintió al Poder Judicial; también inscribiría al Comandante en Jefe del Ejército, que le mintió indirectamente al Poder Judicial y nos mintió al Congreso, porque nosotros los citamos al actual Comandante en Jefe del Ejército y al exministro de Defensa Alberto Espina (NR: y actual consejero del Consejo de Defensa del Estado) para que diera explicaciones detalladas en el Congreso, y no las dieron y aseguraron que todo esto era absolutamente legal. Ahí hay responsabilidad política y ellos deben renunciar, ellos no pueden seguir en su cargo y ahí uno debiera escalar para saber si el Gobierno también tiene responsabilidad por acción u omisión en esto”.
Leonardo Soto cerro su análisis sobre este bullado caso precisando que “esto es un juicio político en el que estamos especulando sobre su desarrollo. Por lo pronto, hoy el Ministerio Público está tomando hoy grandes decisiones, está certificando estos hechos y creo que uno puede augurar que en el futuro cercano podamos avanzar hacia responsabilidades políticas, todo con el objetivo de erradicar completamente esta mala práctica, este verdadero atentado terrorista en contra de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país”.
