Este jueves, un grupo de alcaldes entregó en La Moneda una carta firmada por más de 50 jefes edilicios, en la que solicitaron al Gobierno que interceda ante el Congreso para que les permita retomar sus funciones ante la eventual postergación de las elecciones, originalmente programadas para el 10 y 11 de abril, pero que la reforma constitucional en trámite postergaría para el 15 y 16 de mayo próximos.
Entre los argumentos de los jefes comunales que apuestan por su reelección -pero que estarían «quedando en el congelador» de acuerdo a las indicaciones del proyecto de ley-, se señala que dado el actual estado de la pandemia, es necesario que puedan ejercer la labor para la que fueron electos, ya que ellos conocen a sus vecinos y el territorio.
Los alcaldes que llegaron representando a los más de 50 firmantes –Daniel Jadue, de Recoleta; Claudia Pizarro, de La Pintana; Mauro Tamayo, de Cerro Navia; Rodolfo Carter, de La Florida– esgrimieron en las afueras del palacio Presidencial, que alrededor de 250 alcaldes y alcaldesas no podrían regresar a sus cargos para seguir enfrentando la pandemia, y que literalmente se les estaba enviando a «vacaciones forzadas».
Daniel Jadue -uno de los afectados por la iniciativa-, afirmó que «hay instituciones y hay arquitectura institucional suficiente, hay normativa, hay atribuciones, hay potestades que les permiten fiscalizar todo lo que quieran fiscalizar. Si no quieren hacer la pega, el problema no es de los alcaldes y alcaldesas que queremos volver a trabajar», ello, ante las argumentaciones de que si se les perite volver a sus cargos podrían aprovechar de hacer campaña, injusta para los restantes postulantes.
En ese sentido, Claudia Pizarro, recordó que “las instancias que nos fiscalizan son la Controlaría, los propios concejales y también el Servel para no usar dineros públicos en las campañas”.
Mauro Tamayo, por su parte, también se sumó a las críticas, declarando que “hoy la ciudadanía demanda de los alcaldes y alcaldesas estar en sus territorios con apoyos sociales y no estar de vacaciones obligatorias, ya que eso es lo que significa tener a más de 200 alcaldes en todo Chile recibiendo sueldo sin trabajar. Eso es una aberración, porque ocurre solamente a los alcaldes y no a diputado o senadores en circunstancias similares”.
A su vez, Rodolfo Carter hizo un llamado al Gobierno para ayudar a revertir la decisión adoptada en la Cámara de Diputados, subrayando que “el Gobierno no puede ser neutral en esto, porque la iniciativa fue del Presidente de la República. Le pedimos al Senado que vote por la institucionalidad y no por matar al alcalde que la cae mal en su zona, sino que piense en lo que le conviene más a Chile».
Añadió que “le queremos pedir al Gobierno con respeto, y en mi caso todavía con algo de cariño, que esté a la altura de Frei, Alessandri y Allende y no permita que una causa justa y necesaria como es tener una nueva Constitución, con alta participación; y municipalidades legítimas, se transforme en un reality en el que cada parlamentario saca su tajada y perjudica a otros”.
