El Servicio Electoral procedió a aplicar el pasado 28 de febrero la Ley N°21.311, que le obligó a eliminar de los registros a todos los afiliados de partidos políticos que quedaron en un “limbo” tras no reinscribirse en 2017, pero tampoco renunciando, quedando suspendidos de sus derechos de militantes sin recuperar su calidad de independientes.
Se efectuó así una verdadera limpieza de 332.357 «militantes zombies», que implica un duro golpe a la realidad para la mayoría de las agrupaciones partidistas, que vieron sensiblemente reducidos sus bases de inscritos, con las probables duras consecuencias de cara a las negociaciones con sus aliados y, sobre todo, colmo reflejo de la cada vez más escasa representatividad ciudadana que tiene cada uno de ello, en una época de enorme descrédito de la así llamada «vieja política».
De esta forma, el partido más castigado con esta disposición es el Partido Socialista, que pasó de 118.370 afiliados a solo 43.895 militantes. En el caso del PPD, el número de militantes descendió desde 106.370 a apenas 32.898.
Por su parte, la Democracia Cristiana pasó de tener 103.340 militantes a solo 32.237, a la vez que la UDI bajó de 96.835 miembros a 41.301.
Con tantas restas, quien terminó sacando relativas cuentas alegres fue el Partido Comunista, la cual quedó como la tienda política más grande en cuanto a número de militantes, ya que si bien perdió 35.500 afiliados, quedó con el mayor número de inscritos en un partido, con 47.299 en total.
Otros partidos se habían adelantado a la puesta en vigor de la ley, como fue el caso del Partido Radical, que en noviembre de 2019 solicitó la desafiliación de 66.382 personas que se encontraban en calidad de “suspendidos”, lo que sumado a otros ajustes en el período dejaron a la colectividad al día de hoy con 29.293 militantes.
Similar camino tomó casi en paralelo Renovación Nacional, para llegar actualmente a contabilizar 42.135 afiliados. También hicieron similar tarea partidos menores como el Humanista, Igualdad y el Progresista.
