La Fiscalía Nacional se encuentra investigando las presuntas acciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) con el fin de «monitorear» a otros cinco periodistas que han investigado el desfalco militar y violaciones a los Derechos Humanos, acción que se suma al escándalo por el espionaje efectuado a Mauricio Weibel, quien en su libro «Traición a la patria», denunció gravísimos casos de corrupción en la mencionada institución de la Defensa Nacional, el caso conocido como Milicogate.
Justamente en el marco de la investigación del espionaje sufrido por este último profesional, y de acuerdo a lo publicado este viernes por el medio de investigación periodística Ciper, la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI elaboró, en enero del 2020, un informe en base a datos entregados por el Registro Civil, a pedido del propio Ministerio Público.
En el mencionado documento se da cuenta de los correos electrónicos y direcciones IP con las cuales, mediante la plataforma web del servicio, se habían requerido certificados de los periodistas Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile del New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de DD.HH.), Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de «Informe Especial», de TVN), Danae Fuster (ex periodista de «Informe Especial») y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura).
En el informe, la PDI concluyó que a través de la plataforma del Registro Civil se habían solicitado certificados de todos ellos y quienes los pidieron utilizaron correos electrónicos coincidentes, además de direcciones IP comunes; en algunos casos, mails anónimos también requirieron certificados sobre cónyuges o hijos.
Ciper señala en su investigación que «un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes«.
