El próximo 11 de abril se realizará una jornada histórica en cuanto a votaciones, ya que se tendrá que sufragar por alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, pero este último ítem lleva a los partidos políticos a estar alertas y temerosos ante la posibilidad perder el poder que poseen ante la eventual llegada de independientes a la asamblea que tendrá que redactar una nueva Constitución, independientes que podrían terminar con su posición de privilegio y control el poder.
El pasado 25 de octubre se realizó el tan esperado plebiscito para determinar la redacción de una nueva Carta Magna y de paso olvidar la de 1980, elaborada en dictadura, donde un 78,28% de la población aprobó una nueva Constitución en comparación a solamente el 21,72% que no querían un cambio.
Sin embargo, lo más relevante de este proceso es que, en la segunda pregunta respecto al órgano que estaría a cargo del proceso, donde un 79% se inclinó porque fuera una Convención Constitucional, es decir que fueran independientes y alejados de los partidos políticos quienes sean los encargados de redactar la Carta Fundamental. En contrario, solamente un 21% de los electores optó porque fuera una Convención Mixta donde estuviera el 50% integrado por parlamentarios del actual Congreso y el otro 50% de independientes.
El mazazo a la elite política fue duro, especialmente para la opción que estaba a favor del Rechazo (que no querían que se moviera la Constitución de Pinochet), ya que rápidamente quienes estaban en contra de una modificación constitucional y menos a través de una Convención Constitucional, salieron a inscribir sus candidaturas para estar presentes en esta instancia.
Es así que políticos de viejo cuño como Marcela Cubillos, Hugo Gutiérrez, Felipe Harboe, entre otros, se inscribieron como candidatos a la constituyente, incluso unos renunciaron a sus cargos como legisladores y ahora van como aspirantes a llegar a la instancia. A esto se suma que en las franjas televisivas, inclusive, han aparecido los precandidatos presidenciales, que solamente concitan un paupérrimo 2% o 3% de adhesión, apoyando a sus abanderados, pero también dándose cabida a incluirse en el subconsciente colectivo, lo cual ha derivado en un cuestionamiento a utilizar este espacio dedicado solamente a los constituyentes.
Sin embargo, ninguno de estos políticos o los mismos partidos no entendieron o no quieren entender el rechazo que la ciudadanía tiene de esta elite que viene por años manifestándose, pero que tuvo su auge tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, donde uno de los eslogan de las calles fue “no más políticos”.
A pesar de que actualmente nos encontramos en campaña y todos los candidatos están desplegados en terreno, en medio de cuarentenas y restricciones sanitarias, los partidos políticos llevan la delantera por el dinero que han aportado a sus abanderados y que incluye el tiempo en televisión en desmedro de los independientes que carecen de recursos y escasez de aparición en pantalla.
Incluso estudiosos de los temas políticos como el académico de la UDP, Claudio Fuentes, ya había explicado en una ocasión que “la opinión pública está castigando a los partidos, pero si estos llevan militantes que son ‘más de lo mismo’ obviamente la ciudadanía no los va a votar. Si los partidos llevan gente más atractiva y con más diversidad, va a haber mayor acercamiento hacia estas elecciones”.
Incluso en la ciencia política, los partidos políticos están orientados a ser los principales conectores entre el Gobierno y las demandas sociales, lo cual en los últimos años no ha sido así y se han quedado solamente a defender sus privilegios y se han transformado solamente en meros grupos de interés.
Sin embargo, lo anterior no ha permitido que las distintas colectividades estén temerosas ante la posibilidad de que los independientes los dejen fuera de participar de proceso de redacción de la nueva Constitución, incluso en La Moneda se comenta que los constituyente outsider de los partidos políticos tienen una alta posibilidad de ingresar a la instancia, lo cual podría ser un llamado a quienes son contrarios al Gobierno a solicitar el término anticipado de la administración de Sebastián Piñera.
