La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de ley que impide entregar beneficios carcelarios a condenados por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
El partidismo político que tiene capturado a Chile y fundamentalmente a los poderes del Estado, no permite salir de la crisis actual y aprovecha todas las circunstancias, en particular los procesos electorales, para continuar apropiándose en su beneficio de los temas de derechos humanos, de extrema sensibilidad para toda la ciudadanía.
A la grave situación nacional, que abarca diferentes áreas y afecta el futuro desarrollo y la necesaria convivencia entre los chilenos para enfrentar con posibilidades de éxito el proceso constituyente y otros actos eleccionarios, no ayuda la presentación de un proyecto que evidencia nuevamente una marcada odiosidad eliminando derechos existentes para toda la población, en perjuicio de una parte de ella.
A mayor abundamiento cito lo expresado al respecto por José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch: “a las personas ancianas y enfermas que se encuentran cumpliendo condenas, sin importar el delito que hayan cometido, deben respetárseles su dignidad y derechos humanos y les asiste el derecho a recibir beneficios carcelarios como lo es la conmutación de la pena u otros”.
Una ley que prive de beneficios penitenciarios a determinadas personas en razón de su condición, aparte de atentar contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución, constituye una discriminación arbitraria y el despojo de un derecho que actualmente se posee, implicando un agravamiento injustificado de la pena y por ende, una violación flagrante de derechos inherentes a la persona humana.
*Enrique Slater Escanilla, es general de Brigada en Retiro y Presidente Centro de Generales de Ejército
