El Gobierno anunció este lunes la designación de quien fuera jefe de gabinete del exministro de Defensa, Alberto Espina, el abogado Pablo Urquízar, como nuevo coordinador nacional de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, a la vez que aclaró que el rol de la exministra y ex presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva, será el de asesora presidencial en temas jurídicos para la zona.
La confirmación de la nueva estructura superior de la coordinación nacional se produce luego de la obligada renuncia de Cristián Barra como delegado presidencial en la zona (tras asegurar en una entrevista que las Fuerzas Armadas no estaban interesadas con colaborar en el área y criticar que acudieran a reuniones con abogados, dichos que no fueron más que las gotas que derramaron el vaso de una gestión ampliamente criticada), como también las crecientes críticas que comenzaba a concitar la inmediata nominación de Silva en su reemplazo en un rol más acotado pero mal explicado, en especial por su bullada salida desde la empresa estatal a causa de un impresentable conflicto de intereses con el proyecto del puente sobre el Canal de Chacao.
Los roles
Según el comunicado emanado desde el Ministerio del Interior, el papel principal de Urquizar se centrará en la coordinación del actuar policial, el apoyo a víctimas y la persecución penal en la zona.
“Las principales áreas de acción de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, cuya coordinación nacional asume Pablo Urquizar, son la Coordinación Policial, la Persecución Penal, el Programa de Apoyo a Víctimas y la Gestión de Gobierno en la zona, con el objeto de coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública”, señala la declaración.
En tanto, la labor de Loreto Silva “estará enfocada en la asesoría al Presidente de la República en temas jurídicos asociados a la planificación, medidas y acciones necesarias para asegurar un trabajo coordinado y eficiente entre los diversos organismos competentes, a fin de enfrentar los hechos de violencia que afectan actualmente a la Macrozona Sur y sus habitantes. En particular, reforzará la estrategia para abordar los procesos judiciales en que el Estado sea parte”.
