La Secretaría General de la OEA anunció ayer miércoles que enviará a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre presuntos actos de lesa humanidad entre el último mandato del expresidente boliviano Evo Morales y el presente encabezado por Luis Arce, al rechazar el «tono amenazante» del Gobierno de ese país, que acusó de injerencia al titular de ese organismo, Luis Almagro.

Así, la Secretaría General desmintió «los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante» de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, así como el «afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales» del órgano central de la OEA, señaló en un comunicado la organización con sede en Washington.

Además, dio a conocer que ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la CPI «de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último Gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del Gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata«.

«La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia«, añadió la entidad.

El martes, el Gobierno boliviano rechazó el pedido de la OEA para que se deje en libertad a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a dos de sus exministros, enviados a prisión durante cuatro meses por una jueza, como medida preventiva.

«La Secretaría General -puntualizó este miércoles la OEA- reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante».

Además, consideró que «no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores».

También aclaró la participación de la Misión de Observación Electoral y de la Misión de Auditoría de la OEA en las elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, que había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo, lo que derivó en una grave crisis en el país, se dio «por invitación».

En ese sentido, descartó que se tratara de “ninguna ‘injerencia colonialista’, concepto completamente absurdo en este caso».

Según la OEA, las observaciones realizadas «fueron debidamente documentadas y probadas en las dos ocasiones» y calificó como «absolutamente falso que no cumplió con los estándares exigidos y que emitió un informe sin pruebas y manipulado».

De igual forma, tildó de «inaceptable y repudiable pretender que esos informes hayan generado violencia y convulsión social», a la vez que condenó «cualquier forma de amenaza” expresada contra el secretario general, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría.

«La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019«, subrayó el ente continental.