El Gobierno respira aliviado luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella por eventuales delitos asociados a crímenes de derechos humanos que fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), pero retirara los nombre a quienes apunta la acción judicial como el Presidente Sebastián Piñera, el exministro Gonzalo Blumel y el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y le colocó “contra de todos los que resulten responsable”.

Consignar que la acción judicial acusa a las autoridades de Gobierno por “mutilación y/o lesiones graves gravísimas” en su calidad de autores, cómplices y/o encubridores por el caso de un manifestante que el 20 de marzo de 2020 resultó con lesiones a raíz de un carro lanza agua de Carabineros en el centro de la capital.

De acuerdo a lo que señala La Tercera, la semana pasada el tribunal acogió a trámite la querella y remitió los antecedentes al Ministerio Público, pero cambiando la individualización de las autoridades que aparecían señaladas en el escrito.

La resolución indica que «sin perjuicio de no compartir, por ahora, la legitimación pasiva que alude la querella interpuesta respecto del Presidente de la República, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, del exministro del Interior y Seguridad pública don Gonzalo Fernando Blumel Mac Iver y exgeneral director de Carabineros de Chile don Mario Alberto Rozas Córdova, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en cuanto a los ilícitos que se mencionan en la querella, se resuelve (…): se admite a tramitación la querella interpuesta en contra de todos los que resulten responsables”.

A su vez, el presidente del CChDH, Carlos Margotta, apuntó a que es una “resolución equivocada, pero no quisimos presentar un recurso de reposición, porque es una materia que se tiene que investigar. La investigación que el Ministerio Público haga dirá si hubo o no responsabilidades”.

En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que la idea de esta acción judicial es causar daño a las autoridades.

“El tribunal es claro en distinguir entre una acción penal y una acción política. Hay que saber quién es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene un claro propósito político, y lo que busca en este caso es dañar políticamente a las autoridades. En cambio, el tribunal se hace cargo del fondo de la querella, donde no tenemos ningún problema con que se indaguen responsabilidades de las personas en un hecho punible, pero esto lo que busca es dañar a las autoridades”, aseguró.

Finalmente, el abogado que defiende a Blumel, Eduardo Riquelme, afirmó que “nos parece correcto que el tribunal establezca una exigencia de algún antecedente para aceptar a trámite una querella contra las autoridades más altas de la República, puesto que a simple vista pareciera que el único fundamento es precisamente el cargo público que ostentan, lo que implicaría atribuir una responsabilidad penal objetiva, lo que es inconstitucional”.