Pese a que el detalle del sumario de la Contraloría General de la República por eventuales responsabilidades administrativas de personal de Carabineros durante su actuar entre el 18 de octubre y 31 de diciembre de 2019 permanece aún en secreto, fuentes conocedoras del caso han ido desentrañando las sanciones propuestas por el ente fiscalizador.
En dicho contexto, se conoció que se propuso al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, la suspensión del actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien al momento de los hechos cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este, del actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez (en aquel momento jefe de Zona Metropolitana) y el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de Zona Control de Orden Público e Intervención.
De acuerdo a la investigación, ninguno de ello adoptó medida alguna para corregir prácticas policiales de orden público.
Esta proposición formulada por el organismo contralor es inédita en materia disciplinaria y es la segunda más alta aplicada por el estatuto administrativo. La primera es la destitución.
De aplicarse efectivamente la sanción de suspensión, no podrían ejercer sus cargos ni hacer clases en la escuela de Carabineros, entre otras restricciones.
Ejes de investigación
La investigación de responsabilidades administrativas en el sumario giró en torno a tres aspectos centrales.
El primero de ellos aborda el uso de gases antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud, entre el 4 y 11 de noviembre de 2019, siendo estos los hospitales Félix Bulnes, en la comuna de Cerro Navia, Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, y Gustavo Fricke, en Viña del Mar, aun cuando también se incluyó lo sucedido en el entorno de la Clínica Santa María, en Providencia.
El segundo punto consideró el uso durante casi un mes y medio de escopetas antidisturbios cargadas y disparadas con munición que contenía plomo, pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma institución.
Finalmente, en tercer lugar, la disponibilidad de carros lanzaaguas para dispersar manifestaciones.
Absoluciones
Las fuentes confirmaron, por otra parte que la Contraloría, absolvió a los generales Jorge Valenzuela (director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales durante el período) Jean Camus (entonces director de Logística) y Hugo Zenteno (jefe de la V Zona de Valparaíso en aquel momento), ya que a través de sus declaraciones y documentos se acreditó que «ejecutaron medidas para corregir su conducta«.
Especialmente notoria era la situación de Zenteno, ya que fue objeto de fuertes acusaciones por el uso de gases antidisturbios en las inmediaciones del Hospital Fricke, hasta donde en varias ocasiones se concentraron los manifestantes para enfrentar a la policía uniformada.
A los tres anteriores se suma la absolución del ex jefe de la Zona Metropolitana Oeste, general Enrique Monrás (actual jefe de zona Santiago Oeste), debido a que suspendió a un funcionario activo, por el uso indebido de municiones, iniciándole una investigación administrativa.
