Los últimos hechos de violencia en La Araucanía tienen al Gobierno entre las cuerdas, debido a las críticas que ha recibido de parte de la oposición a la nula capacidad de poder resolver el conflicto y por otro, de la derecha más extrema que lo apunta a un Ejecutivo “sin pantalones”. Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera insistió este miércoles en continuar presionando con la agenda legislativa para aprobar leyes que le darían mayores instrumentos a las policías y a la Justicia, anunciando reuniones y encuentros con distintos sectores para buscar acuerdos políticos “de buena fe” que lleven a buen puerto, pero deja de lado a los principales actores de este problema y que son las comunidades mapuche que hasta el momento no han podido ser parte de la solución.
El mandatario en un punto de prensa, señaló que “estamos impulsado con toda la fuerza el Plan Impulso Araucanía y el Plan Impulso para la Provincia de Arauco, que comprometen recursos de inversión por más de 8 mil millones de dólares”.
Y agregó que se está impulsando tres caminos de solución a los problemas de la violencia en la Macrozona Sur, detallando en qué consisten estos puntos.
“En primer lugar, un redoblado esfuerzo de la acción de nuestras policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el total apoyo de nuestra FFAA en virtud del Estado de Catástrofe que afecta a nuestro país y que se está traduciendo en un reforzamiento de la acción de inteligencia y de la acción policial con patrullaje mixtos de las policías y las FFAA en los lugares más vulnerables y con mayor riesgo de esas regiones”, señaló.
Pero el Presidente olvida que la presencia de las FFAA en este Estado de Catástrofe solo es para enfrentar la pandemia y no otra acción, por lo tanto la acción de los militares está muy definida. Pareciera ser que el Presidente se ha «comprado» a idea de establecer el Estado de Sitio lo que sin duda sería un tremendo error político que podría tener insospechadas consecuencias. Lo de La Araucanía sigue siendo un problema político y para ello se requiere una acción del Estado pero no del estado armado para una guerra, tal como lo plantearon los analistas Guillermo Holzmann como Richard Kouyoumdjian coinciden en que sería un riesgo “militarizar” la zona con presencia de Fuerzas Armadas, ya que estaría en tela de juicio la capacidad política del Gobierno para solucionar un conflicto que lleva años y estaría en cuestionamiento, a nivel internacional, los DDHH ante cualquier eventualidad que ocurriera.
Recordó también que en la zona están el ministro del Interior, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones, el Jefe del Estado de Mayor Conjunto, quienes se han reunido con los Jefes de la Defensa, con generales de la policía uniformada y los Prefectos Inspectores de la Policía de Investigaciones de las tres regiones, “para dar un impulso y una fuerza total y absoluta a la labor de inteligencia y a la labor de protección de nuestras policías”.
Incluso, insistió con las leyes que están en el Congreso para “darles más instrumentos, mejores instrumentos a los Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía y al Poder Judicial”.
“Esas leyes están en el Congreso hace mucho tiempo y en el día de ayer les hemos puesto la máxima urgencia a leyes tan importantes como la ley para combatir mejor el terrorismo, la ley para combatir mejor el narcotráfico porque en la Macrozona Sur hay una especie de maridaje entre terrorismo y narcotráfico. Además, necesitamos la Ley de Infraestructura Crítica que permita a nuestras FFAA proteger la infraestructura crítica, los servicios básicos, la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones. Y esa ley todavía no logra ser aprobada por el Congreso”, sostuvo.
Piñera recordó que es necesario sacar adelante la Ley Juan Barrios, una ley que permita “castigar con mayor fuerza la usurpación, la toma de predio” o una ley que sancione el robo de madera que “fue presentada por el Gobierno y rechazada por el Congreso hace algunos días”.
“Esa Agenda Legislativa es muy importante. Y, por tanto, yo les pido a las fuerzas políticas que colaboren de verdad, que contribuyan a resolver el problema y no a provocar más dificultades y una buena forma de colaborar es aprobando estas leyes que están con la máxima urgencia que la Constitución y la Ley permiten al Gobierno poner”, mencionó.
Acuerdos políticos
El jefe de Estado también se refirió a la búsqueda de acuerdos políticos, pero “acuerdos políticos de buena fe” que permitan buscar soluciones al conflicto que se vive en la región.
“Por eso, este viernes nos vamos a reunir con los distintos Poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y hemos invitado también a las autoridades de la Fiscalía y de la Contraloría para mejorar la coordinación porque la lucha contra la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado no es solamente del Gobierno, no es solamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones, también involucra al Ministerio Público, la Fiscalía y también involucra a los Tribunales de Justicia. Vamos a hacer un esfuerzo este viernes para mejorar esa coordinación de forma de tener una acción más urgente y más eficaz”, aseguró.
El convidado de piedra
A pesar del impulso que pretende dar el Gobierno para solucionar el conflicto en La Araucanía, no se le está dando cabida a uno de los principales actores del tema, las comunidades mapuche, quienes han estado al lado de las decisiones que se toman en la capital y específicamente en La Moneda.
Tal como plantea Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, “es necesario incorporar al debate a las comunidades mapuche en un encuentro con la “presencia efectiva del Presidente de la República, no sus delegados. Posiblemente vamos a tener que rescatar e concepto de los parlamentos que hubo con los mapuche en el Siglo XIX, es decir, sentarnos con ellos decirles ‘tenemos un problema’, ‘hay gente de ustedes que la andan revolviendo’ y establecer un nuevo trato”.
Incluso el mismo Kouyoumdjian expone que “se debe evitar la captura por parte de operadores políticos profesionales del pueblo y la agenda. A ellos les conviene transmitir terror y buscar que los agricultores boten sus campos y arranquen de la zona, o también les conviene una condición de guerra civil al mas puro estilo de Rhodesia en los 60’s y 70’s, en donde se organizan fuerzas de autodefensa que transforman terrorismo en guerra”.
