¿Por qué la licitación del 5G, que se resuelve en los próximos días es una cuestión estratégica que merece una mirada más amplia que el foco técnico y económico?. Por la sencilla razón de que se trata de un Bien Nacional de Uso Público (definido desde el 2013) que será concesionado por 30 años y de ello depende no solo la red que dará servicio al Estado, la Empresa privada, sino que especialmente a toda la población.
Se trata además de infraestructura crítica del Estado de beneficio directo para la toda la población. De ello depende la conectividad y las posibilidades de comunicaciones, gestión de datos y de real posibilidad de avanzar hacia un Chile Digital con buen servicio, precios razonables y plena cobertura en sectores urbanos, rurales y zonas aisladas de todo Chile.
La pandemia ha colocado en el foco de las necesidades humanas la conectividad. La posibilidad de conectarnos de manera efectiva, oportuna y eficiente resulta ser una exigencia social que impacta en la calidad de vida. Consideremos solamente los impactos de las actividades telemáticas en la educación, el trabajo y la salud, sin dejar de lado los tramites en línea que facilitan la obtención de prestaciones sociales del Gobierno. Para las empresas (grandes, medianas y pequeñas) ha significado explorar nuevas formas de relación con sus clientes y proveedores, tanto en Chile como en el resto de mundo.
Una conectividad eficiente, de bajo costo y de cobertura completa en el territorio favorece nuestra obligada inserción en la economía digital asociada a la cuarta revolución industrial.
Es importante considerar que, por esta concesión a 30 años, no se pagan patentes y están en un sistema de protección que debe asegurar la inversión directa, evitando los intermediarios, y donde la capacidad de regulación del Estado es esencial. Poco sabemos del proceso en cuestión. Pero sí sabemos que más allá de las empresas tradicionales chilenas que están por varios años en el mercado (Movistar, Entel, Claro y WOM entre otras), aparecen oferentes prácticamente desconocidos en el mercado, lo cual genera cuestionamientos a la forma en que se ha desarrollado el proceso y los intereses que hay tras todo ello. Al Estado y, por tanto, al Gobierno le corresponde proteger al ciudadano y garantizar el acceso.
La cuestión de fondo tiene que ver con la relevancia estratégica y de seguridad nacional de esta concesión, pues no solo debe sostener la conectividad (mediante inversiones y plena cobertura del territorio nacional) sino que será un soporte esencial para la teleducación, el teletrabajo, la calidad de vida y la movilidad social entre otros aspectos.
La transparencia y legitimidad del proceso entonces, no solo depende de la mejor oferta técnica y económica que se presente, sino de las características que permitan asegurar acceso y calidad de la infraestructura y donde el Estado tenga la opción de exigir cumpliminetos que beneficien a la población en su conjunto. No está demás señalar que una conectividad con plena cobertura nacional será un motor decisivo en la descentralización. Ello presagia que este será un tema de relevancia en el debate constituyente en unos meses más.
El acceso a la red 5G se ha convertido en un derecho social necesario de salvaguardar en un esquema de concesiones donde las decisiones deben estar centradas en la persona y no en el mercado.
La cuestión fundamental se centra en cautelar que el Estado de Chile no quede vulnerable en términos de las implicancias de la conectividad que la sociedad espera y exige y, por otra parte, evitar que la sociedad se sienta desamparada. Es fundamental evitar, con un sentido estratégico y enfocado en el bien común, que una mala opción en la adjudicación implique un nuevo factor de desigualdad estructural para la sociedad chilena.
Sobre el autor: Guillermo Holzmann, académico U. Valparaíso, consultor, Analista Político y conductor del programa de análisis Las Cartas Sobre La Mesa de Infogate.
