El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich; el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga y el actual titular del Minsal, Enrique Paris, por los delitos de corrupción que se habrían cometido en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia del Covid-19.
De acuerdo al informe de oficio 630/2020, sobre la auditoría realizada por Contraloría a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (residencias sanitarias), “existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados”.
De acuerdo a la querella, lo que se busca es la responsabilidad penal de las autoridades de Gobierno por “Fraude al Fisco, en razón de haber intervenido en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso del Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país en fecha anterior al periodo de pandemia en Chile, hechos que defraudando al Estado, han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una “exitosa estrategia sanitaria””.
Además, la acción ante tribunales apunta también a la existencia de responsabilidad penal por los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, puesto que las “autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia de Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones o el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos a pacientes inexistentes en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar prestaciones de Salud debidas”.
La querella del CChDH también establece que el diseño de implementación de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia, autorizadas por el Presidente Piñera, y “que se ejecutaron, entre otras medidas, mediante las contrataciones públicas relativas a las residencias sanitarias, privilegiaron un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población”.
Por tal motivo, el CChDH solicita que se oficie a Impuestos Internos a que entregue toda la información sobre los hechos denunciados que “constituyan delitos tributarios”, como también al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que ejerza las acciones penales en calidad de querellante.
También se solicita oficiar a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional para que entregue apoyo integral en la investigación en el ámbito financiero “respecto del levantamiento patrimonial de los querellados Sebastián Piñera Echenique, Enrique Paris Mancilla, Jaime José Mañalich Muxi y Luis Arturo Zúñiga Jori”.
