El siguiente es un análisis escrito por el periodista y escritor Pedro Cayuqueo:
La idea de aplicar el estado de sitio en el país mapuche marcó nuestra semana. Lo exigieron a La Moneda, “pantalonazo” incluido, diversos gremios que añoran en la intervención del Ejército una especie de segunda “Pacificación de la Araucanía”. La idea, por absurda que sea, copó los medios y nuevamente puso el conflicto en el tope de la agenda del gobierno. Al menos por un rato, como sabemos suele suceder.
Lo del estado de sitio es una idea apoyada por Evópoli. Su mandamás, Andrés Molina, ex intendente regional, llegó a advertir del peligro inminente de una “guerra civil”. Curiosos debieron resultar sus dichos para los miles de turistas que de mar a cordillera estaban recorriendo la región. No eran pocos. Sucede que la habitual afluencia de visitantes no se ha perdido, pese a la pandemia y la posible guerra civil.
Lo de Molina fue un exabrupto peligroso.
De un político profesional, autoridad electa y timonel de un partido de gobierno uno esperaría más bien responsabilidad, mesura, templanza. Nada de ello tuvimos de su parte. Habló desde la rabia y la desesperación de su grupo familiar. Su cuñada es la dueña de la casa patronal incendiada en Lautaro a comienzos de semana. Y su suegro, el empresario Mario García, el posible blanco político de dicho ataque.
Pero gobernar un país, diputado Andrés Molina, no debería tratar de asuntos familiares, menos en el Chile de hoy. Por lo demás lo suyo, se lo digo respetuosamente en esta tribuna, es un grosero conflicto de interés, uno que debieran transparentar todos los políticos –tanto de oficialismo como de oposición– que pretendan muy sueltos de cuerpo dictar cátedra sobre el conflicto y sus posibles soluciones.
¿Cuántos de ellos tienen intereses creados en el conflicto? ¿Cuántos son propietarios de tierras reclamadas por comunidades mapuche o accionistas de empresas madereras, inmobiliarias o de energía que hoy lucran con el despojo a las grandes jefaturas mapuche de antaño? Me temo que la lista es larga.
Por suerte hay personas mucho más sensatas que Molina y los dirigentes gremiales de la Araucanía. Uno de ellos es el general (R) Eduardo Aldunate Herman, boina negra y ex Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, además de ex vicecomandante de la Fuerza Multilateral de Naciones Unidas en Haití.
En sus regulares Cartas al Director de El Mercurio, Aldunate ha venido advirtiendo de lo errado de utilizar militares en labores de orden público, así como del “desatino” de querer ahogar con represión el conflicto no resuelto del Estado con el pueblo mapuche. La solución, ha subrayado el militar en todos los tonos, debe ser política y negociada, a la usanza de los Parlamentos.
Esta semana se sumó a su posición el oficial naval en retiro Richard Kouyoumdjian Inglis, analista y directivo de la Liga Marítima de Chile.
“Una solución militar requiere voluntad política y validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy”, señaló lúcidamente, subrayando que “a nivel mundial ya no se practica el uso de la fuerza militar para pacificaciones o resolver conflictos sociales”. “Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona”, agregó.
El conflicto, créanme, tiene solución: es política y surgirá de un diálogo de alto nivel entre el Estado chileno y las distintas jefaturas mapuche, incluidas aquellas que defienden la violencia política o el “weichan” como estrategia de lucha. Un diálogo sin exclusiones ni vetos odiosos es el único camino capaz de conducirnos a una paz duradera y con justicia en Wallmapu. Y esa tarea es política, no militar.
