A través de una publicación oficial el Colegio de Periodistas de Chile, informa que:
Esta semana el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago declaró admisible y declaró bajo reserva la querella que el periodista Mauricio Weibel interpuso contra autoridades del Ejército por la práctica de espionaje de la cual fue víctima desde la investigación denominada Milicogate.
Mediante la operación “W” el Ejército de Chile vigiló e interceptó los llamados telefónicos de Mauricio Weibel. Esta práctica se realizó amparada en la Ley de Inteligencia que permite los espionajes solo cuando tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y cuando hay amenazas de terrorismo, las cuales deben ser autorizadas por un juez de la Corte de Apelaciones. En el caso de Weibel no se cumple con ninguna de esas premisas.
Ya en el año 2019 el Colegio de Periodistas de Chile acompañó al investigador a una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, para denunciar estos operativos de espionaje contra profesionales de las comunicaciones, lo que constituyen una falta grave a la libertad de prensa y de expresión.
Al respecto Danilo Ahumada, presidente de la Orden insistió en el pleno respaldo a las acciones judiciales realizadas por el periodista. “No se puede permitir en una democracia acciones de espionaje a periodistas por parte de las Fuerzas Armadas, es un atentado a la libertad de expresión y la prensa. El periodismo de investigación ha sido un actor relevante a la hora de dar a conocer hechos de corrupción al interior de instituciones públicas y que han tenido un alto impacto en la opinión pública. Debemos avanzar en consagrar el derecho a la comunicación como un gran paraguas que protege otros derechos como es la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información”, manifestó.
Por su parte, Weibel agregó que practicas de este tipo se suman a los diversos atentados en materia de derechos humanos. “Sé que esta agresión a la libertad de expresión es parte de las masivas violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de ciudadanas y ciudadanos, además de otros periodistas, en Chile y América latina las últimas décadas, originadas en la impunidad y el abuso. No podemos seguir aceptando esto”, expresó.
Weibel además valoró el apoyo brindado por el Colegio de Periodistas de Chile frente a este caso que representa una grave vulneración a los derechos humanos. “Quiero agradecer el respaldo del Colegio de Periodistas y de colectivos internacionales de comunicador estos meses, así como las expresiones de preocupación que en su momento emitieron la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, Human Right Watch, el Centro Internacional para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, entre otras entidades dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos”, puntualizó.
El Colegio de Periodistas de Chile seguirá acompañando este caso y se espera que la justicia nacional de un fallo ejemplificador para que este tipo de vulneraciones a la libertad de prensa no se vuelvan a repetir.
La declaración de Mauricio Weibel
Los reportajes —que divulgué en diversos medios— fueron el detonante para que la Justicia investigara y procesara hasta hoy a unos mil militares involucrados en desfalcos millonarios, incluidos, por cierto, los últimos cuatro comandantes en jefe del ejército.
Fue en ese contexto, que el ejército decidió realizar una operación de espionaje en mi contra, la que denominaron Operación W. Para estos fines, emplearon de manera abusiva la ley de inteligencia y lograron que un juez aprobara en secreto esta intrusión, una acción de profunda irresponsabilidad democrática de parte de este magistrado.
El gobierno de Sebastián Piñera apoyó esta agresión a la libertad de expresión a través de declaraciones públicas del ex ministro de Defensa Alberto Espina. El general Martínez reconoció los hechos ante el Congreso y la prensa, sin ninguna consecuencia hasta hoy.
La Fiscalía, pese a mi denuncia en 2019, no avanzó en la causa. Peor aún me pidieron entregar las fuentes de mis reportajes, lo que obviamente no hice.
La legislación internacional asimila a los periodistas a los defensores de derechos humanos por lo que exige a los Estados garantías reforzadas para salvaguardar la integridad de quienes ejercemos, por ejemplo, el periodismo de investigación.
Esa protección estatal implica la obligación de las autoridades investigativas y judiciales de establecer las responsabilidades cuando dichas injerencias, como en este caso, se han perpetrado por funcionarios públicos, como establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En concordancia con ello, el tribunal instruyó a la Fiscalía impetrar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de mi familia.
Sé que esta agresión a la libertad de expresión es parte de las masivas violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de ciudadanas y ciudadanos, además de otros periodistas, en Chile y América latina las últimas décadas, originadas en la impunidad y el abuso. No podemos seguir aceptando esto.
Quiero agradecer el respaldo del Colegio de Periodistas y de colectivos internacionales estos meses, así como las expresiones de preocupación que en su momento emitieron la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, Human Right Watch, el Centro Internacional para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, entre otras entidades dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Confío en que la Justicia primará sobre la barbarie, el abuso y la impunidad. Y que juntos construiremos un país y un continente más dignos.
