El entramado que tiene el caso Luminarias Led , mantiene los ojos de los Fiscales puestos en distintos alcaldes, concejales y asesores municipales por haber recibido suculentas coimas para adjudicar licitaciones para el cambio de las luminarias públicas por unas más eficientes en cuanto a ahorro energético a la empresa Itelecom. Uno e los municipios más golpeados es Recoleta y su alcalde presidencial Daniel Jadue, pero están en la mira los otros presidenciables, los alcaldes de Las Condes, Providencia.
Este caso está tomando fuerza en la prensa y ya están sumando otros antecedentes, como que el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte en Melipilla cuyo alcalde es RN. Todo indica que Luminarias será el SQM de los alcaldes y el grueso de la información será revelada en plena campaña municipal y con ello le asestará un golpe mortal a los alcaldes en campaña, ya que es la corrupción uno de los temas que más repudia la ciudadanía.
Ahora, nuevas declaraciones de los ingenieros de Itelcom, Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial, dan cuenta de la existencia de una increíble maraña que incluye operadores políticos que denominan “gestores”, alcaldes y funcionarios municipales como también gente del Ministerio de Minería.
Es así que las eventuales coimas que la empresa entregaba a funcionarios públicos de Chillán, Iquique y Negrete, casos que ya fueron formalizados por el Ministerio Público, ya se están haciendo evidente en una red de corrupción que es mucho más amplio y la lista de municipios es larga y diversa que llega a municipios como el de La Cisterna.
Así lo ha ido revelando La Tercera en una serie de nota como si se tratara de una novela por entrega, en donde da cuenta que este caso se está transformando en el SQM de los municipios.
Marcelo Lefort, fundador y representante legal de la cuestionada empresa, quien actualmente cumple prisión preventiva.
Guerra en su declaración señala que en la Municipalidad de San Joaquín “se pagó para conseguir adjudicaciones. El pago lo efectuó Marcelo Lefort. Él comentó que a quien se pagó para favorecer a Itelecom era al alcalde de apellido Echeverría. Ricardo Rodríguez también sabía que se pagó en San Joaquín. Que yo sepa, no hubo gestor”.
Ante esto, el edil Sergio Echeverría (PPD) señala que “desconozco estas declaraciones que hace este señor, a quien no conozco, por lo demás. Son de una falsedad absoluta: jamás he recibido ningún tipo de sobornos de esta empresa. Ellos tienen contrato desde abril de 2018 con la municipalidad, pero me sorprende esta acusación. Niego cualquier irregularidad y esta persona tendrá que hacerse cargo de sus palabras; desde ya me abro a colaborar en lo que sea con la fiscalía”, añadiendo que “la Contraloría, incluso, revisó este contrato y no detectó irregularidad”.
Otro de los que sale nombrado por Guerra es la autoridad comunal de Puerto Natales, Fernando Paredes (UDI), sosteniendo que “Cristián Ureta (gestor de Itelecom) se consiguió las bases con el alcalde y nosotros se las comentamos para una primera licitación que después se bajó. Ya habíamos presentado la oferta y recibí un llamado del alcalde, posterior a eso adjudicamos. El contrato se firmó, pero no se ejecutó ningún pago al alcalde. Se canceló de mutuo acuerdo entre la municipalidad y la empresa. Como no hubo pago al alcalde para acreditar el ofrecimiento que Ureta le hizo y el alcalde aceptó, deben existir pantallazos que Ureta nos mandaba por Signal”.
Sin embargo y como es costumbre, el edil negó todas las acusaciones, indicando que “eso no es así, de hecho, esa licitación nunca partió el contrato. Ellos pidieron desistir y ahora estamos licitando de nuevo el proyecto”.
En su declaración, también salta a la palestra el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), ya que precisa que “una vez que se había adjudicado la empresa, nos llamó el alcalde y Lefort nos dijo que viajáramos con Pedro Guerra. Nos recibió el alcalde Alejandro Huala y nos señala que tiene un problema, porque Ureta no le había entregado $ 8 millones por el proyecto (…). Le pagamos al alcalde en otro viaje con Pedro, $ 8 millones en efectivo en una caja corrugada de vino, el dinero nos lo pasó Lefort. Le pagamos en un restaurante en el centro en el segundo piso, que tenía un privado. Llevamos el dinero en la caja de vino porque así lo sugirió Lefort”.
Otra comuna que aparece en el radar de la fiscalía es la de San Miguel, donde se detallan pagos en las que estaría involucrada una abogada de la Municipalidad de San Miguel y “de confianza del alcalde” por $ 100 millones; $ 10 millones a través de un intermediario llamado David Encina, ligado a la Municipalidad de Nueva Imperial, y supuestas coimas por parte de Guerra al director de Secpla de Tiltil, Gabriel Segovia.
También hay otros municipios que están siendo observados por la justicia como Nueva Imperial y Til Til, entre otros que van a ir saliendo a la palestra posteriormente, cuando las declaraciones de los imputados comiencen a aparecer.
