La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, acusó este jueves al Gobierno de querer confundir la protesta social con actos vandálicos, afirmando que el proyecto que impulsan legisladores de oposición para otorgar un indulto a los presos por el estallido social y descartando que con esta iniciativa se busque avalar la violencia.
La senadora PPD señaló que la decisión del Presidente Sebastián Piñera, de anunciar un veto al proyecto si avanza en el Congreso, es “como ahogar el debate parlamentario, impedirlo y eso está lo menos apegado a lo que es un sistema democrático, donde me gusten o no me gusten las ideas, estamos obligados a confrontarlas, a debatirlas y no desde el inicio decir que esto está vetado, se amordaza un planteamiento”.
En ese sentido, expresó en declaraciones que consigna radio Cooperativa que “nosotros nunca, los que firmamos, estamos avalando la violencia y es realmente agotador lo que ha hecho el Gobierno de buscar confundir la protesta social legítima, un derecho civil y democrático, con los actos vandálicos”.
Y añadió que el Ejecutivo lo que busca es “confundir” y “mezclar violencia con esta propuesta, es bastante malintencionada, aquí no hay un grupo de parlamentarios que estamos defendiendo la violencia”.
Aclaró que muchos de los detenidos “llevan un año dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir y el otro tema es que queremos investigar, porque los principales delitos que se imputan son desórdenes y queremos ver qué significa desórdenes, si una persona por desorden es un violentista, es una persona que amerita que esté un año y dos meses sin el debido proceso”.
Hay que recordar que el pasado miércoles los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista), presentaron un proyecto de ley que busca indultar a las personas que están acusadas de cometer actos vandálicos ocurridos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Los legisladores estiman que hay cerca de 800 personas que llevan más de un año en prisión preventiva y con los procesos judiciales detenidos. Sin embargo, esto fue rechazado por el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional.
