El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, le dio un portazo al proyecto de ley de indulto general para detenidos, imputados o condenados en el marco de las masivas protestas ocurridas a contar de octubre del año pasado, el cual fue presentado ayer por senadores de la oposición.

El vocero, que esta jornada viajó a cumplir una intensa agenda de actividades en la Región del Maule, calificó la iniciativa como «completamente equivocada«, y afirmó que «cuando hay algunas personas que solicitan la impunidad frente a delitos tan graves como el tirarle una bomba molotov a un carabinero, que puede asesinarlo; como el saquear y destruir bienes públicos, significa de alguna manera justificación de la violencia, que es completamente inaceptable y completamente contraria a la democracia».

Asimismo, aseguró tajantemente que «en Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presas porque hay tribunales de justicia independientes y una Fiscalía que hizo un trabajo, y este proyecto que presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido, nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Es una manera de justificar la violencia«.

«En una democracia y en un estado de derecho, la libertad de expresión es muy necesaria, la protesta social también es buena para la salud de la democracia, pero eso es muy distinto cuando se empiezan a cometer delitos, y quienes en una democracia constata esos delitos no es el Gobierno; son, primero, la Fiscalía, y luego los jueces. Y esas personas están presas porque los jueces así lo constatan», acotó el titular de la Segegob.

El proyecto

Según la Constitución, la discusión y tramitación de esta materia de ley le corresponde solamente al Senado, y para aprobarla se requiere quórum calificado, salvo los delitos terroristas, en cuyo caso el quórum se eleva a 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.

La idea matriz de la iniciativa, presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Yasna Provoste y la presidenta del Senado Adriana Muñoz, apunta a que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda “por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo primero y que hayan sido cometidos en el plazo que se señala para que no generen responsabilidad alguna, en un sentido similar al efecto doctrinario atribuido a una amnistía donde se perdona el delito, la pena y sus efectos legales, cuestión jurídicamente viable al tener el indulto jerarquía legal”.

Sin embargo, el proyecto es claro en señalar que «no quedarán comprendidos en el indulto general a que se refiere el artículo 1 de la presente ley quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos».

Lea el Proyecto de Ley de Indulto:

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