Luego de una extensa jornada de debates y deliberaciones, los tres capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, fueron rechazados por el Senado, mostrando una división en los votos de legisladores del PPD, DC y PS.
Tras la jornada, que comenzó con la exposición de los argumentos de los diputados acusadores y de la defensa la Sala se abocó a la votación por cada uno de los capítulos.
El primer capítulo de la acusación relativo a “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público” fue rechazado por 22 votos, 17 a favor y 3 abstenciones.
En tanto, el segundo capítulo relativo a “vulnerar el derecho de igualdad ante la ley”, en el marco del tratamiento del paro de camioneros versus las demandas por restitución de tierras también fue rechazado por 23 votos en contra, 15 a favor y 4 abstenciones.
Finalmente, el tercer capítulo referido a la acusación de “no ejercer el control jerárquico”, en el contexto de los hechos ocurridos en el caso del puente Pío Nono donde un joven quedó gravemente herido, se rechazó por 24 votos, 14 a favor y 4 abstenciones.
En el momento de expresarse ante la sala, el exjefe de Gabinete reiteró durante varios pasajes de su alocución que “jamás hubo voluntad de discriminar. Rechazo cualquier acusación antojadiza que diga que dialogo con unos y no con otros”, aludiendo a su experiencia y labor durante sus más de 14 años como senador y sentenció que “¿si fuese una persona que en el ejercicio de mi cargo discriminaba, hubiera sido posible llevar adelante un plebiscito con las características que se llevó? No, porque los hechos demostraron que actuamos con la mayor amplitud”.
Asimismo, señaló que “asumo que en La Araucanía se produjo la toma de municipios y una de las primeras medidas que adopté fue viajar a la Araucanía y pedir el desalojo. El ambiente era de violencia”.
Con respecto al paro de camioneros, “solo el diálogo iba a evitar daños mayores, por eso me dedique durante 6 días a buscar soluciones. Muchos senadores de oposición me colaboraron, ¿lo hubieron hecho igual si hubiera ejercido la ley interior del Estado?”.
En cuanto a Carabineros, Pérez señaló que “no hay gobierno que haya enfrentado este tema (…) Por el episodio del Puente Pío Nono, dije -en reiteradas ocasiones- que este era un hecho que jamás debiera ocurrir y condenamos cualquier violación de derechos humanos«, agregando que su renuncia “no fue para eludir mi responsabilidad, sino que fue por conceptos políticos”.
A su vez, el abogado defensor Gabriel Zaliasnik enfatizó que hubo un cambio fundamental en el libelo dado que el exministro renunció a su cargo, por lo que “el Senado debería dejar fuera aspectos políticos porque acá se está analizando la conducta del ciudadano Víctor Pérez”.
Respecto a las medidas referidas al orden público, el defensor expresó que “la movilización de los camioneros tenía características especiales como era la urgencia de asegurar el abastecimiento del país en la pandemia, existía un único vocero y se enmarcaba en un conflicto de larga data como es el que ocurre en La Araucanía (…) Hubo un quiebre de stock coyuntural, no un desabastecimiento, por lo que no correspondía aplicar la ley de seguridad del Estado”.
En relación al segundo apartado, el jurista aseguró que “no hay vulneración de la igualdad ante la ley, no hubo desigualdad de trato y éste no fue arbitrario, todo esto porque hay una diferencia fundamental entre la amenaza que se le hizo al Gobierno de efectuar una toma de terreno y realizar una marcha pacífica por parte de los camioneros”.
En cuanto al control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros (tercer capítulo), el abogado argumentó que “el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública concentra la decisión política, no operativa de Carabineros. La responsabilidad del ministro es objetiva por eso no se puede responder por el actuar de cada carabinero”.
Uno de los senadores que votó rechazando el libelo fue el PPD, Felipe Harboe, quien en sus argumentos explicó que “a mi entender dichas acciones revelan incapacidad política, pero no constituyen responsabilidad de caracter constitucional…no creo que esta falta de capacidad política sea suficiente para condenar a una ex autoridad política a estar 5 años fuera…voy a votar rechazo”.
Otro de los que se opuso a la acusación fue el DC, Francisco Huenchumilla, quien señaló que “quiero ser claro y franco y no comparto la tesis de los acusadores. Fui nombrado Intendente en marzo de 2014 y el conflicto de La Araucanía se trataba al igual que hoy, como un tema de orden público. Yo creo en la solución mediante la política y nunca apliqué la Ley de Seguridad del Estado”.
Por su parte, el PPD Jaime Quintana, quien también rechazó la acusación, dijo que “tenemos hoy una polarización que no es de la sociedad chilena, sino más bien de la que tenemos acá en el mundo político. Nadie podía pretender que, en medio de una crisis social y un proceso constituyente, pudiera funcionar una jefatura de gabinete de las características conservadoras del ministro Pérez Varela”.
En tanto, el DC Jorge Pizarro, fundamentó su voto de rechazo en los tres capítulos indicando que “la acusación constitucional cumple el rol de control, una herramienta de excepción y no se deben usar para cualquier cosa. Es deber del ministro, como ya se ha dicho, el buscar primero una solución política, mediante diálogo y normalizar la situación del país. Más complejo me parece responsabilizarlo por la acción, deleznable, de un funcionario de carabineros. La responsabilidad política ya se asumió al renunciar el ministro”.
Además, el DC Francisco Huenchumilla, señaló en su fundamento para rechazar el libelo que “quiero ser claro y franco y no comparto la tesis de los acusadores. Fui nombrado Intendente en marzo de 2014 y el conflicto de La Araucanía se trataba al igual que hoy, como un tema de orden público. Yo creo en la solución mediante la política y nunca apliqué la Ley de Seguridad del Estado”.
