El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dejó este viernes en prisión preventiva a Pablo Martínez Castro, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos de amenazas a fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones y tenencia de arma de guerra y municiones prohibidas.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Tatiana Escobar Meza ordenó el ingreso de Martínez Castro a la Cárcel Alta Seguridad de Santiago, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

En la causa, el tribunal decretó las cautelares de firma mensual en la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago y la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre, en contra de los coimputados en la causa Gabriel Jara Vivanco; Daniel Goldberger Garcés; Solange Aravena Méndez; Paula Narváez Orrego; Osvaldo Díaz Valdés; Benjamín Zaragoza Wotherspoon y Fernando Hasler Martínez, sindicados por el ente persecutor como coautores del delito de amenazas.

Todos los implicados en el delito de amenazas fueron detenidos por personal de la PDI y pertenecen al grupo de extrema derecha «La Vanguardia«, el mismo en el que milita el cuestionado Sebastián Izquierdo.

Al resolver las cautelares, la magistrada Escobar Meza sostuvo que “este es un hecho que reviste la mayor de las gravedades: una amenaza a una fiscal del Ministerio Público que se hace en razón de sus funciones. Sin embargo, el legislador determina la gravedad de este hecho al momento de establecer la pena y, en abstracto, la determina en el rango de presidio menor en su grado mínimo a medio. Por lo tanto, en caso de una sentencia condenatoria, considerando que todos los imputados tienen irreprochable conducta anterior, se avizora la concesión de penas sustitutivas”.

“El tribunal debe hacer un análisis comenzando por cautelares en libertad y, solo en el escenario que estas sean insuficientes para el cumplimiento de los fines del procedimiento, optar por una más gravosa. Podemos estimar que la vinculación de los imputados a los actos del procedimiento y la protección de la víctima pueden cumplirse con medidas de cautela del artículo 155, apareciendo como desproporcionada la prisión preventiva; esto es, en el caso del delito de amenazas”, añadió.

Asimismo, la jueza razonó que “distinto es el caso de la infracción a la ley de armas, desde la perspectiva de la necesidad de cautela. El imputado enfrenta, sin perjuicio de su irreprochable conducta anterior, penas de cumplimiento efectivo, tanto por el quantum como por la naturaleza y cantidad de delitos que se le imputa. Por lo tanto, en su caso el tribunal estima como proporcional, necesaria y suficiente la imposición de la cautelar más gravosa”.

Según el ente persecutor, el 4 de octubre, mientras se desarrollaba una audiencia de formalización en la cual la fiscal Ximena Chong Campusano imputaba cargos a un funcionario de Carabineros,  se profirieron amenazas en su contra, a través de redes sociales, las que incluyeron la publicación de detalles de su domicilio y vehículo particular.

Dos días después, en horas de la tarde del 6 de octubre, siete de los imputados se reunieron en un edificio de la comuna de Las Condes, desde donde posteriormente se desplazaron en dos automóviles y dos motocicletas hasta la casa de la víctima, ubicada en la comuna de Providencia, procediendo a revisar el sector, labor a la que se sumó una octava imputada, quien llegó al lugar en un tercer vehículo.

En dicho contexto, alrededor de las 21.30 horas, los imputados Daniel Goldberger Garcés y Martínez Castro concurrieron a pie al domicilio de la fiscal y entregaron una carta al hijo de la víctima; en tanto, los demás imputados realizaban prestaban apoyo de vigilancia y cobertura. En la misiva, según la fiscalía,  se hacía una «directa, seria y verosímil amenaza a ella y su condición de fiscal adjunto del Ministerio Público«.

Finalmente, alrededor de 00.05 hora de ayer, jueves 26 de noviembre, personal de la Policía de Investigaciones dio cumplimiento a una orden de entrada y registro al domicilio del imputado Martínez Castro, ubicado en la comuna de Quinta Normal. Inmueble donde hallaron una subametralladora marca UZI, calibre 9 mm y 17 cartuchos balísticos compatibles.