El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció este viernes que el Gobierno se querellará en contra de los 8 detenidos y acusados de ser los responsables de amenazar de muerte a la fiscal Ximena Chong, por la tenencia de una subametralladora UZI que tenía uno de los inculpados.

La autoridad señaló que la acción judicial apunta a una de las mujeres que fue a la que se encontró el armamento, prohibido en el país, y por eso “como Gobierno hemos decidido iniciar acciones legales y presentar una querella criminal por Ley de Control de Armas en contra del poseedor de esta arma de fuego”.

Galli también se refirió a la polémica tras sus comentarios por los “utensilios” a los que se refirió a los implementos incautados por la PDI tras los allanamientos en distintas casas de Las Condes como cascos, escudos, armas de fogueo y armamento real.

“Esas amenazas son armas, condenables y afectan seriamente el Estado de Derecho y por eso mismo quise distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y aquellos otros elementos que se encontraron como cascos similares a los balísticos o armas a fogueo que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada por la cual nos estamos querellando”, explicó.