El jefe de bancada de diputados PPD, Raúl Soto, confirmó que la Superintendencia de Pensiones (SP) ya entregó la información sobre las personas que retiraron su primer 10% de los fondos de AFP al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
“El superintendente de pensiones, me ha confirmado que ya entregaron la información y datos solicitados por el ministro Briones respecto de personas que retiraron el primer 10% de su AFP”, dijo el parlamentario.
Y agregó que es “una situación lamentable que pudo ser evitada. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando que ojalá la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de esta medida que creemos es arbitraria, abusiva e injusta, y no se apega al derecho de nuestro país. Por eso hemos mandado un nuevo oficio, esta vez al Superintendente de Pensiones para que aclare esta situación”.
En cuanto al oficio al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, Soto explicó que se busca que aclare los fundamentos que gatillaron la entrega de datos personales de quienes retiraron sus ahorros previsionales a la cartera que encabeza Briones. Esta acción se suma a la presentación que hizo la Bancada a la Contraloría solicitando que se pronuncie respecto a la legalidad de estos hechos.
Además, el documento consulta bajo cuáles argumentos jurídicos se justifica la entrega de estos datos; si existe una obligación legal de la SP de entregar la información señalada al jefe de la billetera fiscal y se solicita transparentar la cantidad de usuarios afiliados a las AFP que se vieron afectados.
Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, pidió en dicha instancia, la asistencia del Superintendente de Pensiones para que explique por qué y cómo se produjo la entrega de esta información sensible al Ministerio de Hacienda.
“Esta es una situación que genera inquietud ciudadana, más aún cuando se está tramitando un segundo retiro”, indicó.
En tanto, la diputada Carolina Marzán, afirmó que “no hay ninguna congruencia entre lo que dice el Ministro Briones y el propósito de la solicitud, no hay fundamento para pedir información de datos personales de quienes voluntariamente hicieron retiro de fondos previsionales. Si fuera para fines estadísticos, esos datos ya están, pero ¿Con qué otra finalidad se requieren los datos personales de quienes hicieron retiro? Es primordial que se esclarezcan los objetivos, circunstancias y todo aquello que rodea esta decisión, pues a simple viste, este ejercicio de identificación innecesaria genera la sensación de persecución a quienes deseen hacer un segundo retiro”.
Finalmente, la diputada Loreto Carvajal señaló que “el Ministro de Hacienda transgrede la ley cuando solicita a la Superintendencia de pensiones la individualización de quienes retiraron su 10%. Aquí hay una intencionalidad que no se quiere manifestar, pero presumimos que se debe querer impedir un segundo retiro. Es por ello que es tan importante que el Superintendente aclare esta situación”.
