La tarde de este lunes fue aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2021.

La norma fue ratificada en dos votaciones. La primera vino a aprobar las normas generales por 105 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones. La segunda, en tanto, permitió la aprobación de las normas con quórum especial, por 90 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones.

Por no presentar indicaciones o solicitudes de votaciones separadas quedaron también aprobadas en particular las Partidas del Congreso Nacional y del Ministerio Público y cerca de 25 de los artículos del proyecto de ley. El resto será discutido y votado en las sesiones convocadas para tal efecto convocadas a partir de mañana martes 17 de noviembre.

Discusión desde el oficialismo

En el debate, desde el oficialismo hubo un apoyo generalizado a la propuesta y a los enfoques planteados por el Ejecutivo, aunque también se planteó la necesidad de hacerse cargo de algunas materias no contempladas.

En Renovación Nacional, por ejemplo, se destacaron los esfuerzos realizados durante el presente año para enfrentar la pandemia y la crisis generada por ella, con aportes directos a través de bonos y de herramientas como el ingreso familiar de emergencia. Además, se remarcó que se está frente a un presupuesto de emergencia y se resaltó los variados compromisos de información respecto del uso del gasto fiscal.

Se calificó positivamente que se quiera priorizar la reactivación de la economía y la recuperación del empleo, con recursos especiales en materia de capacitación, entre otros puntos; y se relevó la importancia de fortalecer la salud, destacando en este plano la creación de los fondos para el desarrollo de la vacuna covid y para reducir las listas de espera.

Sin embargo, también hubo críticas y se pidió directamente al Gobierno ser más proactivo y hacerse cargo de temas como la deuda histórica del profesorado y de la crisis que vive el sector de la cultura.

Desde la UDI igualmente se agradeció al Ejecutivo por los esfuerzos realizados en el presente año y se reconoció las dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas para enfrentar la crisis. Se negó que haya falta de transparencia y se afirmó que hubo variados perfeccionamientos en el trámite previo de la ley, acogiendo demandas de las y los parlamentarios de la Comisión Mixta.

Se estimó importante enfrentar los desafíos futuros y, en tal plano, se remarcó la necesidad de poner el foco del presupuesto en temas como la salud, la reactivación, la creación de empleo, el apoyo a las pymes y en mejorar las pensiones.

Planteamientos desde la oposición

En la oposición, en tanto, hubo un amplio abanico de posiciones que fueron desde un apoyo al proyecto de ley, con frecuentes llamados a efectuar mejoras en puntos claves, a posiciones abiertamente contrarias a la propuesta presente sobre la mesa.

Entre los parlamentarios de la Democracia Cristiana se reconoció la necesidad de mantener los lineamientos del acuerdo firmado en junio pasado, donde se definieron prioridades y focos. Empero, se criticó que se presentaran reducciones en materia de Educación Superior, Ciencia y en Cultura.

También se refutaron las rebajas en los fondos del Indap y del Fosis, así como de la Conadi y el escaso per cápita entregado para salud primaria. En tal plano, se llamó al diálogo y restituir los recursos en las áreas mencionadas por la vía de disminuir las provisiones del Tesoro Público.

Desde el Partido Radical, en tanto, se estimó que la propuesta beneficia más al empresariado que a los trabajadores y se criticó que se entregaran presupuestos abultados para las FF.AA. y de Orden, mientras se reducían los dineros para los Ministerios de Ciencias y de las Culturas, los recursos regionales y los destinados a la Educación Pública y a los fondos de la Corfo, la Conadi y el Fosis. En este contexto, se anunció el rechazo de dichos puntos de no haber mejoras.

En el PPD, a su vez, se reconoció la afectación de la pandemia en las arcas fiscales pero se destacó con claridad que esperan que se mejoren los recursos destinados para determinados sectores, así como el foco empleado. Así, por ejemplo, se pidió un mayor apoyo a las pymes, a las empresas del turismo y al pequeño comercio; fortalecer el sistema público de salud con un mejor per cápita, con la entrega de un bono a los trabajadores que han estado en la primera línea del combate del covid y resolver las listas de espera; y mejorar los recursos en Educación Pública, Ciencia y Cultura.

En el Partido Socialista se consideró que el presente proyecto no es un presupuesto que contribuya a la reactivación o a la creación de empleos y se refutó que se quiera mostrar un crecimiento de los recursos que no son tales.

Se anticipó el rechazo del artículo segundo del proyecto, por estimar que el uso discrecional de los recursos para enfrentar la pandemia excede los acuerdos de junio. Además, reclamaron por mejoras en materia presupuestaria en DDHH (instituciones de la memoria y afectados de las demandas sociales), Cultura, Ciencia, Educación, Salud y pymes.

En el Partido Humanista se criticó duramente la disminución de recursos en materia de Cultura, en tanto que en la FRVS se estimó relevante avanzar en la reactivación y en la creación de empleo, pero se cuestionó, tras los enunciados, que ello no se ve reflejado realmente en las cifras. Del mismo modo, se llamó a realizar mejoras importantes en materia de atención primaria para enfrentar la pandemia.

El PC y el Frente Amplio llamaron a rechazar el presupuesto desde su idea de legislar. Se sostuvo que el crecimiento planteado no era verdadero sino que mantuvo los mismos parámetros de la ley vigente. Además, se sostuvo que hubo poco transparencia en la presentación de los datos, particularmente respecto de los recortes realizados y la reasignación de recursos.

En lo particular, se criticó las reducciones en materia de Cultura, Salud, Educación y Ciencia, así como la falta de recursos para el ámbito de los DDHH, como son el sostenimiento de los sitios de la memoria y la no entrega de un subsidio a quienes resultaron con secuelas de incapacidad durante el estallido social. Además, se insistió en la necesidad de legislar para establecer un impuesto a los “súper ricos” para así mejorar la situación fiscal.