Este miércoles la agencia oficial de noticias de Argentina, Télam informa que:
La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, amplió la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad y aportó una nota periodística en la que un excomandate chileno asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento.
La letrada solicitó también que se cite como testigo al jefe de la Armada, Julio Horacio Guardia, quien la semana pasada contó cómo fue el año de búsqueda del submarino Ara San Juan, al brindar un discurso durante el acto de homenaje a las víctimas a tres años del hundimiento.
Los artículos periodísticos aportados al expediente por la abogada Carreras incluyen declaraciones del excomandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la “certeza” de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.
«Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco», dijo Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.
Las declaraciones de Miranda coinciden con los dichos del contralmirante retirado, Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío y hace dos semanas dijo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que a pocos días del hundimiento del submarino la Argentina había recibido información sobre su ubicación de parte del buque chileno.
Según pudo indagar Télam, existe la sospecha entre quienes siguen la causa de que el gobierno de Mauricio Macri pudo haber estado interesado en dejar de lado el dato aportado por Chile para contratar igual a una empresa estadounidense que se dedicara a la búsqueda del submarino.
Solicitan más declaraciones
La abogada Carreras pidió además la declaración testimonial del contraalmirante Guardia para que de detalles sobre el discurso que leyó en el homenaje a las víctimas del hundimiento, tras entender que de esa exposición pueden surgir elementos que indiquen cómo se desplegó el encubrimiento.
“En su discurso leído, Guardia manifiesta que desde el momento en que se verifico la falta de contacto con el Submarino se trabajó en distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes. Luego de eso, se realizó el mayor despliegue de búsqueda entre flotas nacionales e internacionales detallando cantidad de buques (27) y cantidad de aeronaves (11)”, sostuvo la abogada.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal 12, a cargo actualmente del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Antes de disponer las primeras medidas, los investigadores solicitaron certificar al menos dos expedientes (uno que tramita en Comodoro Py y otro en Caleta Olivia, Santa Cruz) a los efectos de determinar si corresponde que la denuncia tramite ante el juzgado federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires o debe ser enviada a otro juzgado.
La primera parte de la denuncia por supuesto encubrimiento se había presentado hace una semana en base a las declaraciones de López Mazzeo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde reconoció que el 5 de diciembre de 2017 se conocía la ubicación del submarino, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que, incluso, se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV (robot) para ingresar al cañadón.
La audiencia llevada a cabo en Comodoro Rivadavia tuvo por objetivo tratar las apelaciones de las partes acusadas y acusadoras contra el fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, que procesó por «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a seis altos mandos de la armada, pero desvinculó a Macri y Aguad de la investigación por el hundimiento del submarino San Juan.
En esa audiencia, López Mazzeo afirmó que si se revisa toda la documentación se podrá observar que cuando firmó «el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)» ya tenían «detectada la posición del submarino» y por eso habían «coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo», según se recordó en la denuncia.
Para los denunciantes, el caso debe tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires por «haberse ocultado el conocimiento de la ubicación del ARA San Juan en el ámbito de la Capital Federal entre el Edificio Libertad el Ministerio de Defensa y la Casa Rosada».
Entre tanto, en los próximos días la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia podría resolver sobre las apelaciones de los familiares de los tripulantes del submarino que la semana pasada reclamaron que se investigue la responsabilidad penal de Macri, Aguad y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, en el hundimiento del Ara San Juan.
