Las explicaciones que dio la defensa del ministro del Interior, Víctor Pérez, en la comisión revisora que ve la acusación constitucional en su contra, salpicaron ahora al titular de la cartera de Defensa, Mario Desbordes, quien fue invitado a exponer en la próxima sesión de la instancia legislativa.

Luego de la entrega por escrito del documento de respuesta del jefe de gabinete, ingresado en la noche de ayer jueves, los abogados que llevan la defensa del personero de Gobierno expusieron los argumentos jurídicos, que, a su juicio, hacen improcedente la acusación constitucional, ante la comisión encargada de revisar la admisibilidad del libelo.

La defensa, integrada por los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, vía remota se refirió a los planteamientos contenidos en el escrito, en el que se explica que, “el libelo incurre en un grueso error jurídico al atribuir al ministro la obligación legal de control del orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio chileno, en conformidad a la Constitución Política”.

De acuerdo a esto, “se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior sino del ministro de Defensa”.

En ese sentido, argumenta que “el ordenamiento jurídico determina fuera de toda duda, que durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, bajo cuyo imperio ocurrieron los hechos a que el libelo alude, como el paro de camioneros, las fuerzas de seguridad y orden público (Carabineros) no se hallan bajo dependencia y/o control del Ministerio del Interior y Seguridad Publica sino de los jefes de Defensa Nacional, que forman parte de las Fuerzas Armadas que, a su vez, dependen del Ministerio de Defensa”.

Por ello, los abogados manifestaron que “el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico chileno vigente a la época de los hechos en que se funda, pues imputa al ministro del Interior por omisión de acciones que, en rigor de derecho, no forman parte de su competencia legal específica”, lo cual priva de mérito a todos los capítulos de la acusación.

Añadieron que, “más allá de estos argumentos jurídicos, durante el breve tiempo que Víctor Pérez ha ejercido el cargo de ministro del Interior y Seguridad Publica, desde el 28 de julio, las autoridades encargadas del control del orden público del país han debido enfrentar hechos de gravedad, entre otros, el paro de camioneros, la toma de municipios en la zona de La Araucanía y el aniversario del 18 de octubre; eventos que fueron asumidos con una disminución sustancial de las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales, debiendo destacarse la mínima ocurrencia de sucesos con manifestantes y civiles heridos o fallecidos, en comparación con los meses finales del año pasado”.

Optimismo porque libelo no pasará el examen

En particular, el abogado Mario Rojas afirmó que, “así como está construido el libelo acusatorio, no pasa el examen”.

En relación al segundo capítulo de la acusación, referido al principio de igualdad ante la ley, debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales, el abogado Rojas sostuvo que la forma en que se trató el paro de camioneros fue, desde el punto de vista político jurídico, una decisión del ministro del Interior.

“El ministro actuó como actuó imbuido en lo que le mandaba su recta conciencia y que le ordenan los principios jurídicos que aprendió en la universidad”, recalcó.

Añadió que “así lo hizo, por las razones señaladas, observando el principio de racionalidad y el de estricta necesidad que imponen como condición de actuación, y en el ejercicio de la discrecionalidad, todos los sistemas jurídicos continentales. Lo hizo conforme a su conciencia, en uso legítimo de sus facultades”.

El abogado finalizó esta defensa sosteniendo que el ministro Pérez “está orgulloso de lo que hizo, así como también, está orgulloso que, desde el 28 de julio en adelante, prácticamente no haya querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos”.

Citación a Desbordes

Por su parte, la presidenta de la instancia, Loreto Carvajal (PPD), explicó que “llama poderosamente la atención que en el escrito de contestación se consigne, a juicio de ellos, que el Ministro del Interior y Seguridad Pública no tendría las competencias suficientes en estado de excepción, sino que la responsabilidad derivaría en los jefes de seguridad nacional y particularmente en el Ministro de Defensa”.

La parlamentaria sostuvo que lo anterior “abre una puerta a una contienda de competencias que merece toda la revisión posible. Para esos efectos vamos a tener el día martes al Ministro de Defensa, Mario Desbordes, en la comisión a fin de que nos pueda dar la información requerida y claridad de qué es lo que ocurre en nuestro país cuando estamos en el día de hoy en estado de excepción constitucional”.

“¿Dependemos del Ministerio de Defensa en materia de seguridad interior del Estado, del Ministro del Interior, o de los Jefes de Seguridad Nacional?. Es algo que los chilenos merecemos respuesta y obviamente se abre una discusión interesante, que ha propósito del mérito de la acusación debemos revisar, y concordar en una opinión en los próximos días como Comisión y como Cámara de Diputados”, concluyó.