Un contundente informe evacuó la Contraloría Regional de Valparaíso, luego de realizar una auditoría y examen de cuentas a los gastos realizados por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019, con cargo a diferentes fondos de educación, y que nuevamente pone en entredicho la transparencia de la gestión del alcalde de dicha ciudad, Jorge Sharp.

La auditoría reveló que tanto en el Liceo Técnico de Valparaíso como en el Liceo María Luisa Bombal se desarrollaron actividades comerciales que nada tenían que ver con los talleres pedagógicos que deben impartir ambos establecimientos.

Lo anterior, implicó la percepción de $490.649.302, proveniente de actividades irregulares, ajenas a la finalidad pública pedagógica de la Cormuval, por lo cual, la entidad fiscalizadora solicitó su suspensión inmediata.

Adicionalmente, los productos y servicios elaborados en los establecimientos educacionales figuraban alimentos procesados y no procesados, prendas de vestir, talonarios de boletas, pendones, diplomas, servicios de coctelería y fotocopiado, fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares.

Sin embargo, no sólo se acreditó el desarrollo de actividades ilegales al interior de estos dos liceos a cargo de Cormuval, cuyo responsable es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sino también se detectó que muchos de estos servicios, especialmente los referidos a los servicios de coctelería fueron realizados por alumnos, algunos menores de edad, sin el debido permiso de sus padres.

Esta situación fue alertada por el diputado RN, Andrés Celis, hace más de un año, cuando en mayo de 2019 denunció a Contraloría esta situación. Mismos antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Educación, a la Seremi del ramo y a Defensoría de la Niñez.

La gravedad de los hechos detectados por el ente de control dará inicio a un juicio de cuentas, por el reparo en cerca de 900 millones de pesos y, además, el inicio de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades de los funcionarios municipales.

El informe de la Contraloría puede dividirse en tres partes: los recursos aportados por la Cormuval a ambos establecimientos educacionales, en el marco de la Ley 19.410; el uso irregular de los recursos e ingresos obtenidos por los liceos en el marco de actividades ajenas a la labor educativa; y las deficiencias y faltas de medidas de control tanto de la Cormuval como de los establecimientos en el manejo de los recursos.

Respecto al informe, el diputado Celis, quien denunció los hechos hace más de un año, aseguró que “este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia Cormuval, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el alcalde debe responder a la brevedad”.

Di a conocer estos hechos, hace más de un año, a cuatro organismos públicos a quienes correspondía intervenir; la Contraloría, de la cual emana este completo informe, la Superintendencia de Educación, la Seremi del ramo y la Defensoría de la Niñez.

“Lamentablemente, la Seremi no hizo nada, sólo señaló que estos hechos eran de cargo de la Superintendencia, ésta a su vez, anunció -en ese momento- la realización de un procedimiento disciplinario, desconociendo si éste fue terminado y si se formularon cargos o no. La Contraloría dice -respecto al trabajo de menores de edad- que pondrá los hechos en conocimiento de la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, estos hechos ya los conoce, pues hace un año yo mismo los puse en su conocimiento y fue a raíz de ellos, que el organismo pidió información a Sharp y presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso, sin que hasta la fecha sepamos el estado de este proceso penal”, explicó.

Y agregó que “si bien el informe de Contraloría es contundente en cuanto a las infracciones legales detectadas, teniendo responsabilidad administrativa el presidente de la Cormuval, esto es, el alcalde de Valparaíso, aquí existen otros organismos que ahora urge se pronuncien, porque hace un año yo los puse en conocimiento de lo que ahora confirma la Contraloría. Así, la Superintendencia debe dar a conocer los resultados del procedimiento disciplinario que llevó a cabo, la Defensoría debe dar a conocer la información que le entregó el alcalde y finalmente, la Fiscalía de Valparaíso debe dar a conocer los avances en la investigación penal”.

Denuncia a la Fiscalía Regional de Valparaíso

A causa de esta denuncia, la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, investigar la supuesta confección y venta irregular de colaciones, en donde se habría obligado a trabajar a los alumnos de Alimentación Colectiva del Liceo Técnico de Valparaíso, dependiente de la Cormuval.

Las colaciones habrían sido vendidas por la propia Cormuval a otras 37 escuelas de la misma corporación, y «habría generado más de $180.000.000» por el dicho concepto. Según la denuncia, «habría tenido su origen en la decisión de la actual directora del Área de Educación de la Cormuval, Silvana Sáez, que, desconociendo el sistema de contratación pública (…) ordenó que las colaciones debían ser solicitadas a cuatro unidades educativas, dentro de las cuales estaba el Liceo Técnico de Valparaíso, a cargo de su director, Mario Díaz, respecto del cual mantendría una relación familiar o afectiva».

Cabe señalar que Sáez y Díaz están casados desde el 7 de marzo de 1988. Díaz además ejerce como presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso. Ambos, además, han sido sindicados como parte del turbio y fallido concurso público para la designación de directores de liceos locales del puerto, y que el alcalde Sharp se vio obligado a anular debido a la evidentes ilegalidades en la elección de los funcionarios prácticamente todos adictos a la líneas política del jefe municipal y sus colaboradores.

La Defensora de la Niñez remitió estos antecedentes a la Fiscalía, como denuncia, «teniendo en consideración que los hechos descritos, en lo relacionado con la posible utilización irregular de fondos públicos, podría constituir alguno de los delitos funcionarios previstos en los artículos 233 y siguientes del Código Penal, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 inciso segundo de la Ley N°21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y en el artículo 175 del Código Penal».

Lea el informe completo de Contraloría:

null

null