La Contraloría General de la República objetó la compra de mil cámaras de vigilancia por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por una suma de $1.400 millones, a la empresa Ingesmart, para la implementación de un sistema de teleprotección.

En el texto del ente contralor se señala que “en efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”.

“Además, atendida la época en que entraría en vigencia el convenio que se aprueba, determinada en su cláusula séptima la garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato, no cubre completamente el plazo de duración de dicha convención, más 60 días hábiles, según lo exige la cláusula duodécima del mismo”, añade Contraloría.

Las cámaras a proveer por el contrato corresponden a la marca china HIKVision, las que se encuentran prohibidas en Estados Unidos y fueron vetadas en el estándar internacional de televigilancia, debido a que presentan problemas en su sistema informático. Además, en medios especializados en seguridad telemática, son acusadas de espionaje desde estos dispositivos.

Desde la Subsecretaría se señaló que “las observaciones realizadas por el ente contralor serán subsanadas en los próximos días, a fin de reingresar los contratos a la brevedad”, según citó Radio Biobío.