El reportaje de Reuters, revela que la corrupción y las malas prácticas en algunos empresarios revelan la falta de ética, la avaricia y que burlar la fe pública no ha cambiado. Una empresa chilena se coludió con otras para defraudar en algo tan sensible como alimentos, comprando frambuesas china baratas de mala calidad para hacerlas pasar como producto chileno Premium. El resultado es que se descubrió y pone en entredicho un valor que le costó décadas a Chile instalar en el mundo como es la calidad y certificación de sus productos agropecuarios. Así las cosas, se sigue la lógica del “jurel tipo salmón”. El reportaje revela que la Cancillería de Chile –de turno- supo del problema pero miró literalmente para el lado. Pero el caso que debería ser prioritario para nuestra política exterior basada en lo comercial, parece que no es tan relevante y la Cancillería de turno guara sepulcral silencio. El caso data de 2016.
El que sacó la voz -tardía por cierto- es la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex) que en voz de su presidente del Ronald Bown quien ijo que el caso ya lo habían denunciado en 2016, señaló: «No puede ser que en una situación incluso de autocertificación, lo que se produzca es un aprovechamiento de parte de quienes importaron desde otro país frambuesas congeladas a Chile, que posteriormente las hicieron pasar como chilenas hacia Canadá (…) esto actos van absolutamente en contra del prestigio de nuestro país».
Pero Bown traspasa el problema -que se arrastra dese 2016- contra las autoridades, siendo que el responsable es una empresa inescrupulosa. Bown señaló que hay que «castigar de una manera tremendamente fuerte a quienes incumplen estas situaciones que pueden provocar un grave trastorno desde el punto de vista de la operación e imagen, por lo tanto, lo rechazamos totalmente».
El presidente de Asoex sú aseguró que hubo sanciones, cuando en 2019 la justicia chilena condenó al propietario de Frutti de Bosco, César Ramírez, a dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y dos multas por $2.5 millones cada una, subrayó que «creemos que esas sanciones deben ser bastante más fuertes, con el objeto de evitar en el futuro esta grave situación que perjudica la imagen de nuestro país».
