La crisis económica y social que se arrastra desde 2018, se agravó este año con la pandemia. Alrededor de 1.200 familias se instalaron con viviendas muy precarias en un predio de 100 hectáreas en las afueras de Buenos Aires, relanzando el debate sobre pobreza, tierra y marginalización.
La economía argentina se desplomará este año un 12%, según un pronóstico del Banco Central que también prevé que el desempleo y la pobreza aumenten.
La provincia de Buenos Aires, con 15 millones de habitantes, es la más poblada del país y la más rica, pero también la de mayores contrastes, pues casi uno de cada dos habitantes es pobre.
La crisis económica y social que se arrastraba desde 2018 por la recesión durante el gobierno del liberal Mauricio Macri se agravó este año con la pandemia, ya bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Desde el mes de julio, cerca de 1200 familias ocupan las tierras del predio Guernica, que cubre unas cien hectáreas ubicadas a 30 kilómetros al sur de Buenos Aires. Durante meses, se ha registrado no solo una pugna política y legal entre el gobierno local y los ocupantes sino también una batalla campal con la policía.
“Con la situación de la pandemia se ha expulsado a más gente a la indigencia absoluta, es casi lógico que cientos y cientos de argentinos se larguen a ocupar tierras porque no tiene donde ir, no tienen donde vivir”, dice a RFI el abogado de los ocupantes de Guernica, Eduardo Soares. “Entonces tenemos familias hacinadas que viven en cuartos muy chiquitos, mujeres víctimas de trata, víctimas de violencia que tienen que salir de sus casas, solas con muchos hijos. Y la tierra sobra pero no hay techos. Eso es lo que explica la situación de Guernica y numerosas tomas en todo el país. Además existe la represión salvaje, ejecutada por diferentes fuerzas de seguridad”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que ya casi 600 familias se han retirado voluntariamente de Guernica. La justicia emitió una orden de desalojo con fecha del 15 de octubre.
“Tengo entendido que la gente que no se fue, que no cedió a las amenazas, al dinero que le ofrecieron, tiene intención de quedarse y evitar el desalojo con su presencia”, dice Soares. “El gobierno lo que plantea es sacarlos a todos, hacer un relevamiento y, en un plazo de seis o siete meses, ver donde los pueden reubicar. Nosotros hemos planteado el “plan refugiados”, el plan al estilo ACNUR: le pedimos al gobierno que fije terrenos, que monte carpas allí, baños portátiles, camiones del ejército donde se pueda cocinar y allí sí se podría esperar seis, siete, ocho meses, ofreciendo una mejor situación a la gente y dándole tiempo al gobierno de la provincia de Buenos Aires para otorgar las tierras que dice que ofrece”.
