SANTIAGO, Chile (AP) — Catalina Santana nunca imaginó que la protesta que inició hace un año junto a otros centenares de estudiantes contra el alza de los pasajes del metro conduciría a un plebiscito en el que los chilenos decidirán si se reemplaza la Constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Catalina, de 18 años, cursaba el último año del bachillerato cuando decidió saltar los torniquetes del subterráneo en repudio al aumento de 30 pesos (0,04 centavos de dólar), que no afectaba a los estudiantes ni a los adultos mayores. “Pensaba que íbamos a llegar en algún momento a un consenso, quizás no tan bueno para nosotros como el plebiscito, pero sí que ellos (los políticos) algo nos iban a dar”, dijo la joven a The Associated Press.
La consulta ciudadana para decidir si se reescribe o no la Constitución se llevará a cabo el 25 de este mes. En las urnas también se decidirá quién estaría a cargo de redactar una nueva Carta Magna en caso de que gane el sí.
El 18 de octubre de 2019, cuatro días después del inicio de las manifestaciones estudiantiles, un estallido social remeció al país sudamericano. Los violentos disturbios que causaron extensos daños en las estaciones del metro y en supermercados fueron seguidos de masivas protestas que lograron algunas mejoras económicas para los más vulnerables y un amplio acuerdo político que convocó al plebiscito constitucional.
“El lema ‘Chile despertó’ usado en las manifestaciones es la mejor frase que representa lo que pasó en el país hace un año”, señaló Benjamín Gálvez, periodista de 23 años.
Catalina, que cursa el primer año de leyes, recordó que “cuando todo partió nosotros no pedíamos una nueva Constitución. Eso se fue viendo en el camino, cuando nos dimos cuenta que cambiando leyes podíamos lograr respuesta a nuestras demandas”.
La Constitución vigente fue impuesta en 1981 por la dictadura de Pinochet en un país dominado por el miedo y la represión. Instauró un modelo económico, político y social neoliberal que abrió paso a una educación y salud privada –para los que podían pagarlas– y un sistema de pensiones basado en el ahorro individual que el año pasado entregaba pensiones de 110.000 pesos (140 dólares) a los más pobres. Tras el estallido social, éstas fueron reajustadas en un 50% por el gobierno centroderechista de Sebastián Piñera.
“El estallido social puso en cuestionamiento una estabilidad que además era parte de un slogan país, como la tesis de que Chile era la excepcionalidad de la región latinoamericana”, dijo a AP Carla Rivera, profesora de historia de la Universidad de Santiago. Agregó que “teníamos un país de cartón, con una clase media que era ficticia, que se construyó y se mantuvo a flote a partir de una tasa de endeudamiento que prácticamente equivale al 70% del ingreso de una familia”.
Hasta el momento, los mecanismos que permiten la existencia de sistemas de salud y educación para ricos y otros para pobres siguen intactos.
Carlos Gálvez, administrativo de 49 años, piensa que a un año del inicio de las protestas “no ha habido soluciones de fondo. Han ido apagando incendios pequeños, (pero) el tema de fondo que es el capitalismo está más vivo que nunca”.
Hace un año, centenares de miles de chilenos se lanzaron a las calles de todo el país para pedir mejoras en salud, educación, pensiones y salarios entre muchas otras. Las protestas declinaron en masividad en noviembre y se transformaron en una manifestación todos los viernes en una céntrica plaza de Santiago que inevitablemente concluía con actos vandálicos protagonizados por encapuchados.
La llegada de la pandemia en marzo acalló las protestas que se reanudaron, sin masividad, hace un par de semanas.
Las marchas fueron violentamente reprimidas por la policía, que hizo un uso excesivo de la fuerza dejando 3.823 heridos. De ellos, 460 sufrieron lesiones oculares y dos quedaron ciegos, señaló el viernes Sergio Micco, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los abusos también fueron denunciados por organizaciones internacionales.
La policía anunció que el próximo domingo 40.000 de sus 60.000 funcionarios saldrán a las calles chilenas para evitar desórdenes graves.
En redes sociales hay múltiples convocatorias para conmemorar el aniversario de la revuelta. Catalina no irá porque teme contagiarse con el nuevo coronavirus y prefiere cuidarse para poder votar en el plebiscito del domingo 25, mientras que Carlos acudirá en familia a la Plaza Italia, escenario de las protestas.
“Voy a ir el domingo con mascarilla, con alcohol gel, porque tengo que estar ahí, tengo que vivir este momento y demostrar que las demandas siguen vivas”, señaló.
