El Presidente Sebastián Piñera entró de lleno al debate sobre los contenidos de una nueva Constitución, dejando puesta en la mesa 10 puntos esenciales que debería contener una nueva Carta Magna para “todos los chilenos y chilenas”.

Así lo expone en La Tercera a pesar de los cuestionamientos que se le han hecho por no dar a conocer su posición –Apruebo o Rechazo– respecto a las opciones para el plebiscito del 25 de octubre.

Sin embargo, este domingo fue publicado un documento elaborado por el mandatario en donde menciona 10 puntos “esenciales para construir una Constitución Democrática para todos los chilenos y chilenas”, el cual ha sido repartido a algunos de sus ministros.

El jefe de Estado sostiene que la nueva Carta Fundamental “debe establecer los principios básicos del Estado. Los grandes valores que guiarán los destinos de la Nación, las bases de nuestra institucionalidad y los derechos, deberes y garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Asimismo, reconoce que la “Constitución no resuelve todos los problemas de la sociedad, pero sí debe ser el marco institucional dentro del cual se desenvuelven la política, las leyes y la vida en sociedad”.

Los puntos esenciales

En cuanto a los puntos fundamentales que debería contener una nueva Carta Magna, Piñera sostiene que el primero debe ser el Rol del Estado, exponiendo que “Chile debe ser una república democrática y con Estado de derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas”.

“El Estado debe reconocer y amparar a los grupos intermedios, garantizando su adecuada autonomía. Además, debe garantizar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que regulen dicha actividad”, argumenta.

Sobre la Familia, plantea que “es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos”.

En cuanto a Derechos civiles y políticos, el jefe de Estado señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Garantizar la igualdad de todos ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso”.

“Algunos derechos civiles y políticos fundamentales que debe consagrar nuestra Constitución:

El derecho a la vida y la prohibición de someter a una persona a tortura o tratos degradantes, garantizando siempre su integridad física y psíquica.

La libertad de expresión, de pensamiento y de religión.

La libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, lo que permite fundar o ser parte de sindicatos u otras asociaciones.

La libertad de movimiento, para moverse o permanecer en cualquier lugar del país.

La presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y a una defensa jurídica.

El derecho a la propiedad privada, porque nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada y en virtud de una ley”.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, Piñera sostiene que son tres:

Educación: Deberá ser obligatoria y financiada por un sistema gratuito, hasta la educación media. Las personas tienen el derecho de abrir establecimientos educacionales y los padres el derecho de escoger el establecimiento para sus hijos.

Salud: El Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud. Cada persona debe tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.

Pensiones: El Estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que les permitan vivir dignamente.

Asimismo, expone que Chile debe ser una sociedad inclusiva y diversa donde “nuestra Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan una participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la Nación”.

“Además, debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo a las minorías sexuales”, que la “Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, pues es un deber del Estado respetar su identidad, cultura y tradiciones ancestrales” y que “en Chile no debe haber persona ni grupo privilegiado”.

Sobre el orden público, el mandatario sostiene que “el deber del Estado de garantizar el orden público y la seguridad nacional, dando protección a la población y a la familia”.

También hay una referencia al medio ambiente, en donde precisa que “el Estado debe resguardar el medioambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. La Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable”.

La separación de los Poderes del Estado, Piñera explica que “la Constitución debe establecer la separación e independencia de los Poderes del Estado, con mecanismos efectivos de pesos y contrapesos”.

“El Estado debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, menciona.

Y agrega que también “tendrá que reconocer la autonomía de órganos fundamentales para la República como Ministerio Público, el Servel, la Contraloría o el Banco Central”, por lo que “es necesario perfeccionar y modernizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional”.

El punto nueve se refiere a la responsabilidad de las autoridades y transparencia del Estado, indicando que “los actos de los órganos del Estado deben ser públicos y transparentes, que deben someter su actuar a la Constitución”.

Por tal motivo, la “Constitución debe consagrar el estricto cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de la función pública”, “ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes” y que “la responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado”.

Finalmente, el último punto expuesto por el mandatario es sobre la descentralización, en donde apunta a que “la descentralización de la administración del Estado. Para ello, los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas”.

“Es necesario un compromiso decidido en favor del proceso de descentralización, para lo cual debemos consagrar constitucionalmente y en forma mucho más efectiva una real distribución de potestades locales, regionales y nacionales. Decisiones políticas, administrativas y fiscales”, concluye el documento.