Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados celebrada este martes, los ministros de RR.EE. Andrés Allamand y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicaron a los parlamentarios los detalles del documento oficial con los argumentos del Gobierno para decidir no firmar el Acuerdo de Escazú.

«Chile ya tiene una legislación moderna y muy completa en relación a los derechos a los que se refiere Escazú; señalar que solo de la lectura de este tratado queda en evidencia que en muchos casos se refiere a materia de gran importancia de manera vaga y ambigua y particularmente en forma indefinida e imprecisa en término de las obligaciones a las que se compromete el Estado que lo suscribe y ratifica», afirmó ante la comisión de la Cámara el canciller, quien momentos antes en la Moneda había asegurado, ante la consulta de una eventual contradicción entre la política ambiental del país y el rechazo a firmar este acuerdo, que «no hay ninguna contradicción, Chile mantiene una política ambiental fuerte y resuelta que se mantiene a firme«.

Allamand subrayó ante los parlamentarios que «el acuerdo expone al país a la contingencia de demandas internacionales por razones ambientales, lo que desde nuestro punto de vista, particularmente considerando los términos de este tratado implican una afectación grave en materia de soberanía en materias que son fundamentales para el desarrollo«.

«De aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y, por ende, verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas», recalcó el ministro.

En tanto su par de Medio Ambiente aseguró que desde el Ejecutivo apoyan los fundamentos base del tratado pero que el texto final genera incertidumbres para la legislación chilena. Además, indicó que la decisión de no firmar fue tomada por todo el gobierno «sin excepciones».

«Apoyamos y estamos plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los fundamentos medioambientales base del tratado de Escazú; el problema es la forma en que quedó finalmente redactado que introduce incertidumbres que no son posibles de solucionar, ya que este tratado no admite ningún tipo de reserva«, detalló

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como «Acuerdo de Escazú”, requiere la concurrencia de 11 países para entrar en vigencia y hasta ahora lo han ratificado nueve.

«En distintos países, como México, Perú o Colombia y la propia Argentina, se está realizando un análisis muy a fondo del tratado», había señalado en este punto el canciller Allamand momentos antes de la reunión.