A solo 40 días de la realización del Plebiscito del próximo 25 de octubre, lo que ha quedado en la primera línea de discusión ha sido principalmente la implementación del proceso, la problemática de la discusión de la garantía del voto universal en medio de la pandemia y, en mucho menor medida, el debate en torno a los costos no solo del mismo sino de todo el proceso constituyente entre este año y 2022.
En ese contexto, el Servel estimó a principios de este año (y solicitó en consecuencia al Ministerio de Hacienda) que el Plebiscito fijado inicialmente para abril tendría un costo de 30 mil millones de pesos, aunque el fisco aprobó $24.258 millones en marzo para esta consulta.
Costo de las elecciones
Sin embargo, los costos asociados por la extensión de la pandemia en el país hacen calcular que el Plebiscito de entrada podría llegar a significar un desembolso de unos $35 mil millones, considerando implementación de medidas sanitarias y otras adicionales para garantizar la seguridad sanitaria de los ciudadanos a lo largo del país.
El Plebiscito de salida, a su vez, podría implicar incluso hasta unos $50 mil millones, considerando la aplicación de sistemas complementarios de votación para personas enfermas (que el Gobierno se comprometió en estudiar e implementar para los procesos electorales posteriores al Plebiscito del 25 de octubre), inflación de costos, aumento del padrón electoral, etcétera.
La Asamblea Constituyente en si implicaría por una parte el costo de la elección de los integrantes (elección que se hará el 11 de abril de 2021), el número final de constituyentes y también si la opción elegida previamente en el Plebiscito de octubre sea convención mixta constitucional (que considera la mitad de electos) o convención constituyente (todos electos).
Las dietas de los constituyentes
Aun cuando la elección de constituyentes sea en conjunto con la de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, implica el costo de campaña y lo que debe implementar el Estado para dicho proceso específico. Luego, hay que considerar el costo de la dieta, que de acuerdo a lo indicado por la Ley 21.200 que sancionó la reforma constitucional que permite la realización del proceso constituyente, los integrantes de la Convención percibirán «una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento».
En valores de la UTM a septiembre de este año, son $2.516.100 mensuales más las mencionadas (e ignotas hasta el momento) asignaciones por cada integrante de la Convención. La ley hace hincapié además en que los parlamentarios que formen parte de Convención Mixta (en caso que esta opción gane en el Plebiscito de octubre), no percibirán ingresos adicionales a su ya establecida dieta parlamentaria.
De triunfar la opción de Convención Constituyente, la dieta mensual sumada de sus integrantes (que serán 155) rondaría los 400 millones de pesos, es decir, unos $4.800 millones si la discusión por la nueva Carta Manga se alarga por 12 meses (los 9 meses de base más los tres adicionales que puede conceder el Presidente de la República). Si lo hace la Convención Mixta, que tendrá 86 integrantes electos, la suma mensual de sus dietas sería de unos 220 millones de pesos, con un total por el período de aproximadamente $2.640 millones.
A esos montos, claro está hay que agregar las indeterminadas asignaciones que determine el Reglamento de la Convención.
Sin esta última variable, el solo proceso constituyente podría implicar un gasto al erario nacional entre los 100 mil y 110 mil millones de pesos como mínimo, es decir, unos US$ 137.5 millones.
Considerando el escenario de «vacas flacas» que vive la economía del país, los gastos que implica la pandemia, el apoyo socioeconómico a decenas de miles de familias y empresas, y los gastos y pérdidas causados por el movimiento del 18 de octubre del año pasado, pareciera que pocos en el estamento político se sentaron a estudiar con calma el impacto de un proceso de estas características en los esfuerzos del gobierno por generar y redestinar recursos a los ciudadanos afectados por la actual crisis.
Quizás hubiera sido prudente postergar el proceso. A lo mejor, con mayor sentido político, quizás hubiera sido sensato restringir la amplitud del mismo al interior del Congreso.
Sin embargo, la virulencia política actual (amplificada por estos mismos políticos) quizás transformaba ambos caminos en inviables de cara a la opinión pública, transformándose en verdaderos autodisparos en el pie.
Finalmente, todo parece quedar en un lavado de manos de la clase política, para «nunca quedar mal con nadie», parafraseando al popular tema de «Los Prisioneros».
Eso sí, jugando con platas ajenas, y sin pensar en quienes no podrán recibir eventualmente apoyo a cambio de esta decisión tomada con muy escasa racionalidad.
Estudios comparativos
Pero antes de llegar a estas cifras «definitivas», hubo algunos estudios previos y paralelos para determinar el impacto del proceso constituyente en las arcas fiscales nacionales.
Es así que, de acuerdo a un informe elaborado por la secretaría de la Cámara de Diputados por encargo de la presidencia de la Corporación, liderada en ese entonces por el diputado Iván Flores (DC), arrojó en noviembre del año pasado que unos $2.700 millones le costaría al Estado la realización de la convención constituyente (sea o no mixta).
El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó en dicho momento que este cálculo se hizo considerando gastos operacionales y la dieta de los convencionales si es que estos ganaran lo mismo que un consejero regional en un año. Este último aspecto, hasta ahora no ha sido definido, pero es una de las fórmulas que se baraja.
«Estimamos que si se utilizan las instalaciones del Congreso Nacional (en Santiago) el costo sería entre $500 hasta $700 millones dependiendo de cuánto son los traslados de los comisionados y cuántos estos son«, explicó señalando que las cifras la sacaron considerando que fueran 155 integrantes, ya que el acuerdo político por una nueva Constitución considera que sean electos a través de la misma fórmula que se utiliza para los diputados.
Landeros señaló además que en ese número sumó, entre otras cosas, la alimentación y el gasto de traslado de los integrantes de la convención ya que algunos tendrán que moverse desde regiones hasta donde ésta sesione.
En el cálculo se tomó en cuenta también que el personal que trabaje para la convención salga desde la planta del Congreso. El secretario sostuvo además que «si la dieta que se les paga es igual a la de los consejeros regionales, son alrededor de $2.700 millones (total dieta más gastos operacionales) si fueran 155 al año».
En tanto, la bancada de diputados de la UDI quiso tener más antecedentes respecto a otros procesos electorales nacionales para tener una idea general de lo que implicaría para el erario nacional el actual proceso constituyente, y encargó un estudio a la Fundación Jaime Guzmán que diera cuenta de los costos que habían tenido las últimas dos elecciones, esto es, las municipales de 2016 y parlamentarias y presidenciales de 2017.
De acuerdo al informe, los comicios de 2016 le significaron al Estado desembolsar $ 19.518 millones, mientras que los de 2017 le implicaron $ 20.577 millones. En dichos montos se consideran gastos en material electoral, creación y difusión de material publicitario y procesamiento de información, entre otros. A esas cifras se deben sumar los fondos que el Fisco reembolsa a los candidatos, algo que, por ejemplo, en el caso de la primera vuelta presidencial de 2017 significó cerca de $ 7.500 millones.
Además, el mismo informe remarca que la Dirección de Presupuestos ya destinó $ 24.258 millones para la realización del plebiscito.
